La Resolución, presentada por el representante Rafael «Tatito» Hernández, evaluará el alcance de las ayudas e incentivos gubernamentales y la posibilidad de imponer criterios que beneficien a los inquilinos en tiempos de crisis.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, radicó una resolución encaminada a prevenir que individuos o comerciantes pierdan el techo que alberga su vivienda o negocio en tiempos de emergencia, como la pandemia del coronavirus, mientras su arrendador se lucra de beneficios estatales y federales.

La Resolución, radicada por petición, tomó como base casos en Europa y hasta Estados Unidos, donde, en el sector comercial, tiendas de renombre se han negado a pagar la renta de sus locales debido al colapso económico. Este es el caso de Hennes & Mauritz AB, o H&M, reconocida marca de vestimenta que se ha negado a pagar la renta en Londres y mantiene cerradas alrededor de 4,000 de sus 5,000 tiendas.

En el sector residencial, la pérdida de empleo ha detenido el flujo de dinero de los arrendatarios. No obstante, paquetes de estímulo económico han sido aprobados para el beneficio de los arrendadores. Esto ocurre en los Estados Unidos con los incentivos federales, una asignación de fondos mediante legislación especial a propósito de la emergencia provocada por el COVID-19.

“Creo que es injusto que reciba beneficios del Estado y no pueda ser justo con su arrendatario. Tiene que haber balance. Que en los dos casos, tanto individuos con sus arrendadores, como compañías más grandes con sus arrendadores, que no se pierda, en el caso de los residentes, el techo con su familia y, en el caso de los negocios, que puedan sobrevivir. Recordemos lo difícil que es mantener un negocio en Puerto Rico”, argumentó Hernández Montañez a NotiCel.

El legislador radicó la resolución a modo de estudiar los incentivos disponibles y las soluciones aplicables. El requisito principal para esta evaluación será que los arrendadores reciban algún tipo de beneficio por parte del Estado.

La resolución comienza con una evaluación de la empresa Aerostar Airport Holdings (Aerostar), que administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, porque, a juicio del representante popular, “es el ejemplo que tenemos puntual con una cantidad específica de dinero asignada y una controversia de cobro de dinero”.

Lea la Resolución Conjunta: