El informe parcial de la Comisión de Salud recomienda evaluar posibles “violaciones legales, éticas y/o administrativas” por parte de algunos funcionarios.

A poco más de dos semanas de vistas ejecutivas y públicas, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes refirió a cinco funcionarios y exfuncionarios públicos a las autoridades estatales y federales, debido a la fallida compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19 a la empresa Apex General Contractors (APEX), por $38 millones.

Específicamente, los referidos son a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Los hallazgos están contenidos en el informe parcial de la Comisión de Salud, radicado hoy, jueves, por su presidente, Juan Oscar Morales Rodríguez, quien espera que estas entidades evalúen posibles “violaciones legales, éticas y/o administrativas” por parte de:

Según el informe, Rosa Rivera también incumplió, al momento de prestar su testimonio, con las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud conforme a la facultad Constitucional conferida.

La única imputación en común entre todos es la negligencia en el cumplimiento de su deber.

El informe parcial no incluye una valoración sobre las comparecencias posteriores al 24 de abril. Es decir, los testimonios de funcionarios de la Administración de Servicios Generales, como su director Ottmar Chávez Piñero, de personal de La Fortaleza allegado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y de Mabel Cabeza, quien fuera jefa de personal del Departamento de Salud y enlace entre el “Task Force” Médico y la Mansión Ejecutiva.

La Comisión de Salud también señaló que las entidades pertinentes deben evaluar los procesos seguidos por cada una de estas personas en cuanto a:

“Se recomienda que la Oficina del Contralor de Puerto Rico realice una auditoría al Departamento de Salud y al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en aras de evaluar las posibles irregularidades en los procesos de compras que llevan a cabo estas Agencias y los desembolsos de fondos realizados, durante el periodo de emergencia del COVID-19”, recomendó el informe.

Mira el informe: