La semana pasada, el congresista republicano Chuck Grassley hizo cuestionamientos sobre el uso de fondos tras conocer sobre el esquema de APEX, y también indagó sobre las renuncias en el Departamento de Salud.

A poco más de una semana desde que el senador republicano Charles «Chuck» Grassley pidiera explicaciones a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre el manejo de fondos en el Departamento de Salud (DS) y el fallido contrato para adquirir pruebas de coronavirus a APEX General Contractors por $38 millones, la Primera Mandataria informó por Twitter que ha contestado sus preguntas mediante una carta, que también publicó en su perfil de la red social.

«Cumpliendo con la solicitud del Senador @ChuckGrassley, en su carta del 20 de abril, abordamos sus preguntas y comunicamos las medidas que nuestra Administración ha tomado para servir a Puerto Rico con total transparencia e integridad», dice el primer tuit.

https://twitter.com/wandavazquezg/status/1255214117847171073

«Continuaremos trabajando con el Congreso para garantizar que #PuertoRico tenga el mismo acceso a los recursos federales necesarios. @SenFinance @ChuckGrassley», continúa el segundo mensaje, que publicó tanto en inglés como en español.

La llamada a capítulo del congresista ocurrió mediante una misiva de dos páginas que fue compartida el pasado 20 de abril en las redes sociales.

Grassley también es el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

Tras emitir su carta, la gobernadora dijo que hubiera preferido que Grassley o cualquier otra persona que hubiera intervenido en la redacción de la misiva, se hubiese comunicado con su equipo de trabajo o con la comisionada residente Jenniffer González “antes de atacar al pueblo de Puerto Rico por situaciones que se replican en otras jurisdicciones, tanto de nuestra nación americana como del extranjero”.

Esta no fue la primera vez que Grassley puso el ojo sobre Puerto Rico, tampoco sobre el Departamento de Salud local.

Durante el 2019, el Senador advirtió que, en ese momento, no aprobaría nuevas ayudas para la isla porque tenía dudas sobre el manejo de los fondos Medicaid en Puerto Rico.

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«El Congreso debe realizar una discusión seria y profunda antes de aprobar los proyectos que aumentan el pareo de fondos federales», dijo Grassley durante el pasado mes de septiembre, semanas después del arresto de la entonces directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila. Ávila fue vinculada con un supuesto esquema que beneficiaba la empresa BDO Puerto Rico. Pulsando aquí encuentras detalles adicionales sobre ese caso.

No obstante, en esta ocasión la posición de Grassley se basó en el escándalo que ha provocado la firma de un contrato por $38 millones para la compra de un millón de pruebas que detectan coronavirus. La contratación se efectuó a APEX, empresa que no tenía experiencia previa en asuntos médicos, sino que se dedicaba a la construcción.