Mira aquí una carta:

El senador republicano, Charles Grassley pidió explicaciones hoy, lunes, a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced sobre el manejo de fondos en el Departamento de Salud (DS) y específicamente, sobre el fallido contrato por $38 millones que ponía en las manos de APEX General Contractors (APEX) la entrega de un millón de pruebas de coronavirus a esa agencia.

La llamada a capítulo del congresista ocurrió mediante una misiva de dos páginas que fue compartida en las redes sociales. Esta no es la primera vez que Grassley pone el ojo sobre Puerto Rico, tampoco sobre el Departamento de Salud local.

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Durante el 2019, el Senador advirtió que en ese momento no aprobaría nuevas ayudas para la isla porque tenía dudas sobre el manejo de los fondos Medicaid en Puerto Rico.

«El Congreso debe realizar una discusión seria y profunda antes de aprobar los proyectos que aumentan el pareo de fondos federales», dijo Grassley durante el pasado mes de septiembre, semanas después del arresto de la entonces directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila. Ávila fue vinculada con un supuesto esquema que beneficiaba la empresa BDO Puerto Rico. Pulsando aquí encuentras detalles adicionales sobre ese caso.

No obstante, en esta ocasión la posición de Grassley se basa en el escándalo que ha provocado la firma de un contrato por $38 millones para la compra de un millón de pruebas que detectan coronavirus. La contratación se efectuó a APEX, empresa que no tenía experiencia previa en asuntos médicos, sino que se dedicaba a la construcción.

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«Parece que las adquisiciones y contrataciones en Puerto Rico a menudo pasan por un filtro de conexiones políticas antes de que los recursos destinados al pueblo de Puerto Rico realmente los alcancen y logren su uso», sostuvo el Senador en la misiva de hoy.

Sobre el particular, se ha vinculado al ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), el licenciado Juan Maldonado de Jesús, y el ex asesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, con la contratación de esa empresa. También, a los miembros del «Task Force’ médico que asesora la Gobernadora, Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado, a quienes se les implica de evaluar y avalar la millonaria compra de pruebas a APEX.

Vázquez Garced, por su parte, se ha distanciado del asunto, aunque el pasado jueves ordenó la cancelación de todos los contratos con las agencias de gobierno vinculados a Maldonado de Jesús y a Laureano.

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Con los miembros del ‘Task Force’ la determinación de la Mandataria fue diferente. Vázquez Garced dijo, en la misma rueda de prensa, que no le interesaba adjudicar mientras los procesos investigativos continuaran en curso, pero respaldó la permanencia de Rodríguez Quilichini al mando del “Task Force”.

“Debemos tomar en consideración que estamos dando por cierto lo que ha trascendido en unas vistas. No se le ha dado la oportunidad al doctor Segundo Rodríguez para que él aclare. Quiero aclarar, el doctor Segundo Rodríguez no tenía ninguna facultad para tomar decisiones. Era evaluar, era recomendar, era el análisis estadístico, era lo que estaba en la Orden Ejecutiva y eso es lo que el doctor hizo. Corresponde a las investigaciones serias y objetivas que se están haciendo determinar si se traspasó esa línea. El doctor ha dicho que no, así que yo no puedo dar por cierta esa premisa”, sostuvo Vázquez Garced.

Rodríguez Quilichini fue citado a testificar bajo juramento en la Cámara de Representantes este próximo miércoles.

A continuación puedes ver la carta del Senador:

https://twitter.com/AndrewScurria/status/1252355995218505732