Las muestras fueron tomadas esta mañana.

Desde la mañana del miércoles, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) realiza pruebas de detección de coronavirus a los confinados de nuevo ingreso que llegan a las instituciones penales del país tras recibir el primer cargamento de 1,300 pruebas.

Hasta el momento se han realizado 17 pruebas, confirmó a NotiCel la portavoz de prensa de la agencia, Damarisse Martínez.

“Las pruebas van llegando a diario y continuarán llegando más”, agregó.

No precisó el total de pruebas adquiridas al Laboratorio Toledo y administradas en las instituciones por el personal de Physician Correcctional, empresa que provee servicios de salud a la población correccional.

De 10 a 15 imputados de delito, ingresan al sistema penal a través del centro de ingreso en la cárcel de Bayamón.

La agencia también informó que los resultados de las pruebas se publicarán semanalmente en la página web de la agencia www.dcr.pr.gov.

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Previo al arribo de las pruebas, Corrección colocaba a los sumariados y confinados de nuevo ingreso en una cuarentena de 14 a 21 días. “No se han mezclado con la población siguiendo los protocolos”, apuntó Martínez en declaraciones escritas.

Temprano esta mañana, la agencia había informado que ya contaba con las pruebas necesarias para descartar potenciales positivos entre los nuevos ingresos.

“Las pruebas de detección del COVID-19 son una herramienta muy certera para asegurar el estado de salud de los imputados de delito que llegan al único centro de ingresos que se habilitó como parte del protocolo para concentrar la entrada de estos en una misma institución”, afirmó el secretario Eduardo Rivera Juanatey en un parte de prensa.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene bajo su jurisdicción a 8,960 confinados. Cuenta con 4,584 oficiales penales y 1,941 empleados civiles.

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Este anuncio ocurre a tres días de que una coalición de voces emplazara a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que adopte una política pública, que permita el excarcelamiento de confinados y confinadas de bajo riesgo para evitar muertes o un brote del temible virus en el sistema carcelario del país.

Otros países como Inglaterra, Irlanda, Argentina, Colombia y Estados Unidos han adoptado esta práctica.