Pero solo sería para algunos casos.

Ante la encrucijada del coronavirus, crecen las voces que abogan para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced adopte una política pública, que permita el excarcelamiento de confinados y confinadas, de bajo riesgo que cumplan con ciertos criterios.

¿La razón? Reducir la población penal para tratar de evitar muertes o un brote del temible virus en el sistema carcelario del país, diezmado por la falta de recursos para combatir el COVID-19.

La semana pasada, el senador Héctor Martínez Maldonado lanzó la propuesta, que ya se ha implementado en país como Inglaterra, Irlanda, Argentina, Colombia y Estados Unidos.

“(El hospital correccional) no tiene actualmente ni 5 camas para poder trabajar con estos casos”, apuntó Martínez Maldonado durante una vídeo conferencia de prensa para dramatizar la urgencia de la situación.

“En Puerto Rico, no existe la cadena de muerte. Pero en la medida que no tomemos acción estarán condenados a morir… las cárceles son una incubadora perfecta para las epidemias”, agregó.

No está solo. Ayer se unieron a ese reclamo las licenciadas Mayté Bayolo Alonso, asesora de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y Nora Vargas Acosta, directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

“La Constitución (de Puerto Rico) es clara de que la dignidad del ser humano es inviolable y esto es una situación de emergencia de salud pública. Por lo tanto, las mismas protecciones que estamos tomando de aislamiento para proteger a la población, hay que dárselas también a la población confinada”, afirmó Bayolo Alonso.

Pero no se trata solo del derecho a la dignidad y a la vida consignados en nuestra carta magna, el Estado podría estar violando la 8va Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe castigos inusuales o crueles.

Ese castigo cruel, según Vargas Acosta, se configura en la medida en que el gobierno impone prácticas y medidas de protección para prevenir el contagio del coronavirus entre la población general, pero luego les niega a los confinados estas opciones para proteger sus vidas.

“Las medidas de protección que se nos están diciendo que son las únicas que nos pueden ayudar a limitar y contener esta propagación del virus, son precisamente el distanciamiento social y las prácticas de higiene. Esas dos medidas se dificultan, sino casi se imposibilitan cuando se trata de la población de confinadas y confinados”, señaló la abogada.

El análisis es sencillo. Al reducirse la población penal, los confinados y confinadas tendrían más espacio para cumplir con el distanciamiento social promulgado por las autoridades y más acceso a los artículos básicos de higiene.

La excarcelación no sería para todo el mundo. La propuesta va dirigida a reclusos de bajo riesgo, mayores de 60 años, enfermos con condiciones crónicas como el cáncer, enfermedades coronarias y respiratorias. Es decir, la población más vulnerable.

El plan también propone la liberación de reclusos que se encuentran a seis o menos meses de extinguir sus penas, y contempla el uso de rastreo electrónico en algunos casos así como alertar a las víctimas.

“Sé que no le han hecho prueba a ningún confinado y a ningún oficial correccional”, apuntó Martínez Maldonado a preguntas de NotiCel sobre la situación en las cárceles.

En la isla, no han muerto confinados por el coronavirus, ni se han reportado contagios entre los 8,500 reos que hay en las cárceles, según los datos oficiales. Pero en el estado de Louisiana ya han muerto tres en la cárcel federal en Oakdale, mientras que en Nueva York, uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos, hay cerca de 200 confinados contagiados con el virus. El miedo al contagio ha provocado motines en cárceles en Argentina, Colombia e Italia.

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El reclamo no se limita a las excarcelaciones. Vargas Acosta abogó por una revisión para reducir las fianzas y evitar arrestos por situaciones menores.

“Sobre la conciencia de cada uno de nosotros caerá si ocurre alguna situación de contagio o de muerte en alguna institución penal, no tan solo de algún confinado sino también de un funcionario o guardias penales que estén trabajando en las instituciones penales del país”, apuntó el senador.

En un comunicado de prensa, previo a la vídeo conferencia, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, aseguró que la agencia ha seguido los protocolos con rigor.

“Comprendemos que por la situación que vivimos en Puerto Rico y el resto del mundo, algunas personas pongan en duda que, dentro del sistema penal de la isla, aun no se haya reportado un caso de COVID-19. Desde temprano, previendo el riesgo y considerando la población que tenemos a nuestro cargo, tomamos determinaciones en extremo restrictivas”, apuntó.

“Antes que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, en Puerto Rico, nosotros cancelamos visitas, suspendimos la entrada de artículos del exterior, activamos el sistema de aislamiento para el 100% de la población, detuvimos las salidas a todas las actividades y servicios dispensables contratados en el exterior”, agregó

Hasta el momento 66,503 han muerto de COVID-19 en el mundo, mientras que 1.2 millones se han contagiado. En Puerto Rico, el Departamento de Salud informó ayer que la cifra de muertes se elevó a 20 y los casos de personas infectadas llegaron a 475, aunque el pico de contagio no ha llegado a su peor nivel, que se estima será a inicios de mayo.