La Asociación de Bancos de Puerto Rico estableció medidas ante la declaración de emergencia y el toque de queda anunciados en Puerto Rico como parte de los planes de prevención ante el coronavirus.

Sin embargo, las movidas de los bancos no implican necesariamente un alivio al bolsillo de los puertorriqueños que mantengan préstamos hipotecarios o personales, en cambio, únicamente responden a responsabilidades legales de las instituciones financieras.

En una comunicación escrita, la Asociación de Bancos de Puerto Rico detalló que en medio del toque de queda de los próximos 14 días, que implica que muchas familias verán afectados sus bolsillos por el cierre de sus trabajos, «cada persona deberá discutir su necesidad con su banco para que éste determine la ayuda a la que cualifica”.

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La reacción de la banca no implica necesariamente una moratoria que ayude a subsanar los problemas a los que se enfrentará la clase trabajadora ante el cierre de comercios, explicó a NotiCel la abogada Verónica Rivera, de Ayuda Legal Puerto Rico.

«Ciertamente ahí no se está anunciando una moratoria, se está anunciando una obligación de ley… La banca tiene que atenderlas (las llamadas de sus clientes cuando tengan problemas de pagos)», detalló la letrada.

Rivera explicó que la movida de la banca implica que se atenderá cada caso y que se actuará dependiendo del tipo de préstamo y de inversionista que esté involucrado en la transacción. Ese tipo de tratamiento podría incluir el requerimiento del pago del préstamo de un individuo pese a que tenga o no trabajo durante los días en los que aplica el toque de queda.

Ante esa realidad, la letrada catalogó la medida de la banca como una práctica vaga ante la emergencia que se vive no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. De hecho, recordó los problemas con préstamos hipotecarios que dejó el huracán María en 2017 y que según dijo, todavía tienen repercusiones en familias que se acogieron, en ese momento, a moratorias ofrecidas sin saber que al final del término establecido su préstamo no se extendería, sino que tendrían que pagar el total que implicó los meses acogidos a la moratoria.

En esa línea, dijo que la banca en Puerto Rico debería acoger ejemplos mundiales como en Italia, donde se estableció un plan de moratoria de pagos en préstamos que podría durar 18 meses. Actualmente, Italia es el segundo territorio del mundo con más casos reportados de coronavirus.

«Mínimo que se diera una extensión de la fecha de pago», mencionó la letrada sobre medidas que la banca debió considerar.

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Una extensión se diferencia de la moratoria porque implica un periodo de gracia adicional al compromiso financiero de una persona. La moratoria, en cambio, implica la suspensión del pago en su totalidad durante un tiempo determinado.

En la misma línea que Rivera se expresó la expresidenta del Centro Unido de Detallistas y aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), Enid Monge. Monge exigió no solo a la banca, sino al Gobierno de Puerto Rico a tomar acción ante la paralización que implica el toque de queda impuesto por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

“Apoyamos las medidas extremas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus. La prioridad tiene que ser la salud de nuestro pueblo. Pero, es importante tirarle una línea de vida a los dueños de pequeños y medianos comercios para que puedan sobrevivir y reanudar operaciones una vez superada la crisis», expuso.

En sus declaraciones, exige que, del lado de los comerciantes, el primer paso del Gobierno debe ser una moratoria general de los pagos de impuestos al inventario, facturas de luz, agua, IVU y cualquier otro impuesto pagadero mientras dure la crisis.

Al momento, pese a que el task force que atiende el tema de coronavirus en la isla y la Gobernadora se presentan diariamente ante la prensa, no han realizado expresiones precisas sobre peticiones a la banca.