La gobernadora Wanda Vázquez Garced, y algunos miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) están en contra del acuerdo que el ente fiscal anunció el domingo por la noche y que quedó sometido a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para su aprobación.

En el caso de la Junta, el comunicado en el que anunciaron el acuerdo consigna que el mismo fue aprobado por la ‘mayoría’ de sus miembros. No especifica cómo fue la votación que produjo la mayoría ni cómo votó cada miembro pero, en otras ocasiones se ha consignado si el acuerdo fue unánime.

En el caso de la Gobernadora, emitió un largo comunicado justo después del anuncio del acuerdo en el que concluye que el Gobierno de Puerto Rico no se unió al acuerdo porque la Junta ‘se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales’.

El Gobierno de Puerto Rico es legalmente uno de los suscriptores del acuerdo, ya que la Junta de Control Fiscal es la que tiene la facultad de representar al gobierno. En su declaración, la Gobernadora no dice qué va a hacer para que su oposición al acuerdo se convierta en una postura que tenga consecuencias en el caso de quiebras.

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‘Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los bonistas reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato. Esto es un asunto de justicia básica. Los pensionados, como indiqué en septiembre, ya han hecho sacrificios en el pasado. Sin embargo, mientras que los bonistas reciben nuevas protecciones legales en este nuevo acuerdo, los pensionados no reciben ninguna mejora. Ante ese escenario, no puedo apoyar este nuevo acuerdo’, añadió.

La Gobernadora dice que en septiembre consideró apoyar el acuerdo.

En su comunicado, argumentó que ‘este nuevo acuerdo, el cual requerirá legislación para poder implementarse, contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda y una reducción en la cantidad que los bonistas recibirán. El nuevo acuerdo también mejora la posición de los acreedores, ya que reciben unas nuevas protecciones legales que no eran parte del acuerdo al que se llegó en septiembre pasado. Esto incluye la emisión de nuevos bonos subordinados de COFINA, que protegen a los acreedores de obligaciones generales mediante un gravamen estatutario, así como la creación de una cuenta de reserva, cuyos depósitos también estarán protegidos a favor de los bonistas mediante un gravamen estatutario. Además, aunque el acuerdo contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda, contiene otros que resultan preocupantes’.