Desde la mañana se ha rumorado.

Desde horas de la mañana —y tras los arrestos de funcionarios ligados a la la Administración de Seguros de Salud (ASES)—, surgieron rumores de que autoridades federales allanaron las oficinas de Triple-S.

La empresa, que una las aseguradoras contratadas para manejar el modelo del Plan de Salud del Gobierno —conocido como Plan Vital— negó la información que surge el mismo día en que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) realizó varios arrestos referentes a un esquema de conspiración, fraude y lavado de dinero en las agencias de Salud y Educación de la Isla.

‘No es correcto, no hay presencia federal, ni lo hubo. Te puedo decir con completa seguridad que no hay allanamiento. Que yo sepa no’, declaró María Teresa Morón, directora de comunicaciones y relaciones públicas de la aseguradora.

Durante una conferencia de prensa celebrada por Fiscalía federal, periodistas le cuestionaron a la jefa interina Rosa Emilia Rodríguez Vélez sobre el supuesto allanamiento a lo que la funcionaria respondió con una sonrisa pero concluyó que no podía ni confirmar ni negar.

Según fuentes, el allanamiento habría ocurrido a eso de las nueve de la mañana en las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Roosevelt en San Juan, no obstante, Morón reiteró que no hubo allanamiento durante el día de hoy.

‘Triple-S no ha sido objeto de ninguna acción o solicitud de información por parte de las agencias de ley y orden en relación a investigaciones federales reseñadas en los medios recientemente. Triple-S no tiene comentarios adicionales sobre investigaciones gubernamentales’, insistió la portavoz en declaraciones escritas.

En horas de la mañana, agentes federales arrestaron a la exdirectora de ASES, Ángela Ávila Marrero, al presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer y al subcontratista Alberto Velázquez Piñol.

Según detalló fiscalía federal, se trata de dos esquemas de corrupción que además involucran a las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza.

En el caso de ASES, Velázquez Piñol logró asegurarle a BDO varios contratos a través de información privilegiada que este recibía por parte de Ávila Marrero. El consultor logró un 10% de comisión por los contratos adquiridos y la empresa pasaba a subcontratar para proveer los servicios, pese a las prohibiciones establecidas. De estas transacciones Velázquez Piñol recibió $710 mil.