Senado derrotó hoy una medida.

En medio del ojo público luego de que el Senado derrotara hoy, lunes, el Proyecto de la Cámara 1057 que desmantelaría la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), te explicamos cómo se forjó esta institución y los servicios que ofrece actualmente.

A continuación 9 puntos para entender lo que es AEELA:

Es una institución sin fines de lucro creada en el 1912.

Busca fomentar el ahorro y ofrecer servicios y beneficios a los empleados públicos, los pensionados y sus familiares.

Todo empleado público que desee ser miembro debe hacerse socio.

Su idea pincipal se centró en un instrumento socioeconómico que les permitiera liberar a estos empleados del alto pago de intereses impuesto por prestamistas.

La Ley 133, que se conoció como la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, confirió poderes y facultades al cuerpo.

La Ley 9 del 25 de abril de 2013 ratificó la naturaleza privada de la institución y garantizó que los socios dueños tengan el poder de tomar las decisiones sobre los asuntos administrativos, operacionales y financieros, a traves de una Asamblea de Delegados.

Ofrece prestamos personales, cuentas de retiro individual (IRA), tarjetas de credito y prestamos hipotecarios.

Tambien cuenta con un programa de seguros por muerte.

Actualmente cuenta con $2,000 millones en activos.

La medida rechazada hoy tanto por senadores de mayoría novoprogresista como de minoría del Partido Popular Democrático (PPD) buscaba eliminar el reconocimiento otorgado por la Ley 9 del 25 de abril de 2013. En esa línea, eliminaba la independencia del ente, estableciendo que de los 17 miembros de la Junta de Directores de AEELA, tres serían escogidos por el presidente de la Cámara de Representantes, tres sean seleccionados por el presidente del Senado y los otros 11 los escoja el gobernador de Puerto Rico. La pieza legislativa, derrotada y de la autoría de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lourdes Ramos, disponía dejar bajo el Gobierno de Puerto Rico los activos propiedad de empleados públicos.