Sobre política pública y la Constitución.

La Junta de Control Fiscal (JCF), golpeada y contra las cuerdas por la declaración judicial de que sus miembros fueron inconstitucionalmente nombrados, tuvo un desapercibida victoria el viernes pasado que consolida su poder para latigar a la Legislatura en el manejo del presupuesto del país.

Específicamente, poder para establecer política pública mediante su manejo del presupuesto, algo que tanto el Legislativo como el Ejecutivo le habían disputado a la Junta.

Específicamente, la expresión del viernes pasado del Primer Circuito de Apelaciones ocurrió en el pleito que los presidentes legislativos sometieron contra la Junta por la discusión de los cambios a la Ley 80 que dicho ente insistía en incluir en el Plan Fiscal. La negativa de la Legislatura de aprobar los cambios requeridos a la Ley 80 hizo que la Junta activara unos recortes presupuestarios a la Asamblea Legislativa que ese cuerpo consideró como un castigo y un exceso en las facultades de la Junta.

Eso provocó la demanda de los presidentes legislativos contra la Junta, la cual tuvo la peor solución para ellos el viernes pasado porque los jueces apelativos resolvieron que las decisiones de la Junta sobre el Plan Fiscal y el presupuesto no son materia que pueda ser revisada por los tribunales.

Pero, además, en la parte que puede tener consecuencias insospechadas, el panel apelativo avaló la movida de la Junta de colocar a la Legislatura entre la espada y la pared, entre aprobar cambios en la ley o sufrir cambios en su presupuesto, como un tipo de ‘incentivo’ válido bajo la Ley PROMESA.

Tambien, en una segunda expresión crucial de los jueces apelativos, la opinión judicial concluye directamente que la Constitución de Puerto Rico está suspendida por la Ley PROMESA en lo que respecta al proceso de aprobación del presupuesto porque lo que va a regir ese proceso no son las disposiciones constitucionales, sino los Títulos I y II de la Ley PROMESA que detallan el nuevo proceso de aprobación del presupuesto con el poder final en la Junta para emitir su propio presupuesto.

En el balance, entonces, los actuales miembros de la Junta pueden estar en arena movediza por la otra determinación del Apelativo federal sobre que fueron nombrados inconstitucionalmente, pero la Junta, como ente, recibió un refuerzo de sus poderes con la decisión del viernes pasado en el caso de los presidentes legislativos.

El escenario actual parece ser que la Junta, al dibujar el Plan Fiscal y el presupuesto, no solamente tienen facultad sobre los números, sino que tienen facultad para diseñar políticas públicas acorde esos números y castigar al Ejecutivo y Legislativo si no cumplen con esas políticas.

‘PROMESA autoriza a la Junta a adoptar los planes fiscales y presupuestos incentivando a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas recomendadas y tomar en cuenta las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas recomendadas. De hecho, es difícil ver cómo, sin esos poderes, la Junta podría ser efectiva en cumplir la intención congresional de ‘proveer un metodo para que Puerto Rico alcance la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados», dictó el panel de jueces en su decisión contra los presidentes legislativos.

Tras conocerse la decisión, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, celebró que ‘la Junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas con respecto a los supuestos excesos de poderes’.

‘Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital’, agregó la funcionaria.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Mendez, dijo que revisará la determinación sin descartar pedir revisión hasta el Tribunal Supremo federal.

‘La Junta de Supervisión Fiscal sí tomó venganza contra la Cámara de Representantes y el Senado por no aprobarles una pieza de legislación. No me cabe la menor duda que eso quedó totalmente demostrado. La Junta se excedió en su mandato, según fue estipulado en la Ley PROMESA y es por eso que entendemos que Boston se equivocó’, dijo.

Para ver la decisión del Apelativo, pulse aquí: