Desde el 2017 no lo han encontrado

El alcalde de Carolina, Jose Carlos Aponte Dalmau, reveló que la demanda que radicó el municipio contra el negocio Zokku’s Lounge Restaurant por incumplir con el uso establecido en sus permisos no ha podido progresar porque el tribunal no ha podido emplazar al propietario del establecimiento, Jesse J. Ortiz Rosado.

‘El tribunal mediante una demanda que hizo el municipio de revocación de permiso necesita emplazar al dueño de ese permiso y eso es un emplazamiento que hace el tribunal en conjunto con la policía municipal… El tribunal ha hecho muchísimos intentos y el municipio tambien. Estuvimos intentándolo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de forma continua’, indicó a NotiCel el ejecutivo municipal.Aponte Dalmau explicó que el estado de derecho aplicable requiere que el emplazamiento se expida antes de continuar con el proceso de revocación. Sin embargo, señaló que desde que comenzó la demanda, en marzo del 2017, no han podido encontrar Ortiz Rosado para emplazarlo.

El alcalde añadió el propietario no ha estado en el negocio durante todos los intentos de emplazamiento. ‘No sabemos si está en Puerto Rico’, agregó.

No obstante, luego que Aponte Dalmau participara junto a otros alcaldes a una reunión convocada por el gobernador para atender el aumento en la criminalidad durante las últimas semanas, dio a conocer la situación al mandatario. Ricardo Rosselló Nevares, por su parte, anunció que el gobierno central se uniría a la demanda existente para apoyar los esfuerzos de revocación del permiso de Zokku’s.

‘En el caso del alcalde de Carolina nosotros nos vamos a unir al pleito porque, aunque sabemos que hay unas consideraciones de estado de derecho, aquí hay que enviar un mensaje de unidad de que no vamos a permitir que las cosas pasen por tecnicismos en estado de derecho y que vamos a estar bien vigilantes para observar los que son para poder mitigarlos y trabajar sobre ello’, manifestó Rosselló Nevares en rueda de prensa el martes.

Entretanto, Aponte Dalmau indicó que el municipio evalúa la posibilidad de tramitar una orden de cese y desista contra el establecimiento, un mecanismo que emplearon contra la empresa JJW Metal luego del incendio masivo que ocurrió en esas facilidades a finales de noviembre. Explicó que esa empresa no contaba con los permisos apropiados para recibir desperdicios con potencial combustible, sino que era sólo para reciclaje de metales.