Para tratar reclamaciones producto de la deuda.

La Junta de Control Fiscal (JCF) comunicó hoy, jueves, que tras un mes de búsqueda, seleccionó a la firma Brown Rudnick como asesor de reclamaciones antes las exigencias que puedan surgir como parte del informe sobre la deuda de Puerto Rico, publicado por Kobre & Kim.

Para la labor asignada, el organismo pagará $790 la hora, según indica el contrato publicado en el portal de la JCF y que hace parte de las exorbitantes contrataciones que el ente que supone fiscalizar las finanzas públicas, ha realizado.

El contrato, que incluye unas 35 páginas, expone que el ingreso de $970 la hora estará destinado a los abogados de la firma. Mientras, los asesores de estos ganarán $270 la hora. De igual modo, el contrato expone que los ingresos de la firma aumentarán anualmente en 4%.

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Sumado al salario, los miembros de la firma que asesoren en reclamaciones tendrán viajes oficiales pagados. Según sostiene el documento en la página 31, el viaje será costeado por el Gobierno de Puerto Rico siempre y cuando haya sido autorizado previamente mediante emails y luego de que se llene una ‘hoja de expense’ colgada en el documento 10 días despues del viaje.

Entre los otros atractivos del contrato para la firma se encuentra el pago del hotel en el que decidan quedarse en Puerto Rico, aunque se requiere que sea en la zona metropolitana y que sea 3 estrellas. Para recibir el reembolso de estos gastos, la firma deberá tambien entregar recibos siempre y cuando los gastos pasen lo $25.

Particularmente, el trabajo de este nuevo asesor, incluye, entre otras cosas, la revisión y evaluación del informe y los materiales fácticos, la investigación legal que sea necesaria para asesorar al comite correspondiente sobre las posibles causas de acción y el inicio de cualquier litigio que surja de la conducta descrita y/o referidos a los organismos fiscales o reguladores.

‘Este es un paso adicional del Comite Especial dada la importancia de la investigación de la deuda para evaluar si los hechos encontrados pueden sustentar la opinión de que cualquiera de las partes involucradas en la crisis fiscal de Puerto Rico incurrió en conducta procesable bajo ciertas leyes federales, estatales y locales’, asegura finalmente en un comunicado de prensa, el organismo creado bajo la Ley federal Promesa.

Puedes ver el contrato pulsando aquí.