Mural había sido mutilado en escuela de Carolina

La jueza federal Camille Velez Rive determinó que los trabajos de restauración del mural ‘Río Grande de Loíza’ en la escuela Julia de Burgos en Carolina podrán continuar de acuerdo a los terminos establecidos por la corte federal.

Entre esos acuerdos se menciona que el calendario de trabajo tendrá que ser aprobado por ambas partes y que la entrada a la escuela, operada ahora por la Fountain Christian Bilingual School, será luego de las 4:30 pm los días en semana, sábados y domingos, a traves de la cocina.

Un representante de la escuela deberá estar presente durante la visita de los demandantes, pero la ausencia de ese representante no representará obstáculo para que la visita se realice.

La sucesión del artista plástico Jose Antonio Torres Martinó había presentado en el Tribunal Federal una petición de cese y desista sobre los trabajos de restauración del mural de la autoría del artista que permanecía en la escuela Julia de Burgos desde 1966.

El documento judicial se basó en los derechos morales que posee sobre la obra el artista, y por ende su sucesión, los cuales abarcan no solo tener acceso a la obra, sino tambien autoridad para decidir que se hace con la misma, incluyendo que se hace para restaurarla en vista de la mutilación de la que fue víctima cuando se le tapó con pintura.

La sucesión pidió tambien el cese y desista de cualquier trabajo de ‘restauración’ que este realizando la escuela con el mural y que un experto contratado por la sucesión evaluara el daño ocasionado por la administración actual de la escuela e implantara un plan de restauración.

De acuerdo con la determinación federal, el experto de la sucesión podrá realizar su trabajo pero cualquier daño adicional a la obra no será atribuida a los demandados. Además, la sucesión deberá emitir informes periódicos del trabajo realizado al tiempo que los demandados podrán contratar tambien a un experto que observe y tome notas del trabajo realizado para mantener evidencia en record.

Por último, los demandados deberán informar el nombre y credenciales de la persona que había comenzado a restaurar el mural más entregar fotos del trabajo que dicha persona había realizado.

El mural había sido ‘borrado’ cuando la Fountain Christian Bilingual School, asumió la dirección de ese plantel mediante una renta de un dólar al Departamento de Educación (DE). El DE había cerrado dicha escuela el año pasado en la primera ronda de cierres.

La sucesión del artista tuvo conocimiento de que el mural había comenzado a ser restaurado, pero la administración nunca informó quien o que empresa estaba a cargo de dicha restauración. De hecho, nunca proveyeron acceso al área salvo por una ocasión en la que se tuvo que obtener orden judicial y asistencia de la Policía el 19 de junio de 2018. La entidad que administra la escuela es propiedad de los pastores Otoniel Font y Omayra Gutierrez.

Torres Martinó pintó el mural en 1966 mediante contrato con el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

‘Los derechos morales de integridad y atribución de la sucesión del autor han sido violados… los demandados destruyeron el mural ‘Río Grande de Loíza’ sin el consentimiento ni autorización de los demandantes… el honor y la reputación de Torres Martinó como artista han sido afectados por las acciones de los demandados’, reclama la demanda.

La denuncia original provino del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, quien compartió una imagen del mural previo a ser tapado con pintura.

‘Se acaba de cometer un crimen contra el patrimonio cultural de Puerto Rico y el legado de nuestro pintor Torres Martinó. Mi emplazamiento energetico a las partes involucradas, tanto agencias del Gobierno como la escuela arrendataria, a que rindan cuentas sobre este asesinato a las artes’, manifestó Márquez en sus redes sociales.

Ante el caso, Márquez radicó una resolución que buscará ordenar una investigación sobre ‘la destrucción del mural’ por parte de Comisión de Educación Arte y Cultura de la Cámara de Representantes.

De igual forma, en otra resolución que radicó, emplaza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a garantizar ‘la custodia, permanencia y protección de las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que se encuentran en las escuelas que están cerradas temporera o permanentemente’.

La sucesión está compuesta por Jose Martín Torres, Jackeline Torres, Michelle Torres y Corinne Cobb. El albaceas es el licenciado Raúl Cintrón Rodríguez y sus representantes legales en la demanda son Dennis A. Simonpietri Monefeldt, Adriana Hernández Cortes, Harry Anduze, Jose Morales Boscio y Diego Corral González.