Publicaron su informe anual.

La Junta de Control Fiscal (JCF) publicó hoy, martes, su informe anual sobre gastos y procesos realizados.

Creada bajo la Ley federal Promesa y previo a aumentarse su presupuesto con las disposiciones que la ley le permite, el organismo tuvo un presupuesto de $60,000,000. En su mayoría, este monto, sufragado por el pueblo de Puerto Rico, fue empleado en gastos de servicios profesionales. Particularmente $52,378,000 se utilizaron para estos fines. El monto concuerda con las multiples denuncias que se han realizado sobre el excesivo cobro de los abogados y asesores del organismo.

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En junio, el Gobierno de Puerto Rico objetó como ‘irrazonables (e) innecesarias’ algunas de las facturaciones que sometió en el caso de quiebras el bufete de abogados del Comite de Acreedores no Asegurados, Paul Hastings, quienes cobraron 7 mil dólares por leer noticias.

Otros $3,093,000 se destinaron para ‘servicios comprados’, según el documento. Por su parte, los miembros de la Junta han gastado $540,000 en viajes y transporte durante las reuniones que realiza el organismo.

Para materiales requeridos por sus miembros, la Junta ha destinado $18,000 y para equipo otros $55,000.

Estos y otros montos llevan a que la Junta haya gastado $59,828,000 durante el año fiscal ya finalizado. Tomando en cuenta los ingresos por intereses, la Junta tiene un balance $529,000, según su informe.

‘Durante este pasado año fiscal, la Junta redobló sus esfuerzos para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia financiera del sector público, y el desarrollo de un plan fiscal que refleja la realidad de la Isla post-huracán María…Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hemos progresado en la consecución de los objetivos de PROMESA de lograr el balance fiscal, resolver la crisis de endeudamiento y poner a Puerto Rico en camino a la recuperación económica’, sostuvo el presidente del cuerpo, Jose Carrión III.

No obstante, al momento Puerto Rico se encuentra bajo una incógnita, pues la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, se reservó el fallo sobre el presupuesto de la isla. En una disputa legal, el Gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa solicitaron poner en vigor el presupuesto del Ejecutivo. Mientras, la Junta propuso su propio presupuesto tras no derogarse la Ley 80 de despido injustificado, como había acordado el organismo con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

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