El representante dio un golpe a un manifestante

El Departamento de Justicia archivó las querellas relacionadas al incidente en el que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jose Luis Rivera se enfrascó en una pelea en el Capitolio propinando un codazo a Julio Vargas Cruz, en medio de una manifestación en abril pasado.

La Oficina de la Jefa de los fiscales del Departamento de Justicia ordenó el cierre de los todos las investigaciones luego que tanto el legislador como los manifestantes involucrados declararan bajo juramento que no deseaban continuar con el proceso criminal.

‘Luego de escuchar a las partes y examinar las declaraciones juradas presentadas, se determinó proceder a archivar la denuncia y la contradenuncia, y ordenar el cierre de ambas investigaciones’, informó la jefa de los fiscales, Olga Castellón.

El representante Rivera Guerra fue captado en vídeo cuando le daba un codazo a Vargas Cruz en medio de una protesta sindical en la casa de las leyes. Vargas Cruz se querelló contra Rivera Guerra, mientras que el legislador tambien presentó una denuncia contra los manifestantes, Leopoldo Negrón Arroyo y Feliciano Tollens Quiñones.

Las partes informaron a los fiscales investigadores que habían iniciado un proceso de diálogo con el propósito de transar el asunto extrajudicialmente, por lo que fueron citados al Departamento de Justicia a finales de 2017.

‘A finales de diciembre pasado se dio la reunión de los fiscales con los abogados de Rivera Guerra y con los de Vargas Cruz, que presentaron declaraciones escritas de sus clientes, en las que manifestaban que no tienen interes en seguir el caso criminal’, relató Castellón.

En la reunión estuvieron presentes Castellón y la fiscal Ileana Espada. Según se informó, durante la entrevista a Vargas Cruz, el líder sindical reafirmó a las fiscales su deseo contenido en su declaración jurada de no continuar con la querella contra Rivera Guerra.

Indicó querer terminar con el asunto, ya que tambien involucraba la posible radicación de cargos y procesamiento contra Negrón Arroyo y Tollens Quiñones, que son sus compañeros de organizaciones sindicales.

Por su parte, Rivera Guerra, por conducto de su abogado, manifestó que tampoco tenía interes en seguir la causa criminal contra los querellados.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en los predios de El Capitolio cuando manifestantes de distintos sindicatos – principalmente de la Unión Independiente Autentica de Trabajadores (UIA) y la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y de Riego (UTIER) se apostaron en una de las entradas laterales por donde Rivera Guerra intentó entrar.

Al interior, agentes de la División de Operaciones Tácticas custodiaban el acceso. A las afueras se detuvo el representante callado rodeado de manifestantes que le gritaban ‘fuera, fuera’, súbitamente propinó un codazo en el rostro de Julio Vargas, unionado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y quien acompañaba a obreros de la Administración de Compensaciones de Accidentes Automovilísticos (ACAA) en el lugar.

Vargas detalló que cuando Rivera Guerra se acercó a la entrada se le indicó que no podía entrar, que solamente estaban permitiendo la salida, cuando entonces el legislador le propinó el codazo que le rompió la lengua y le golpeó un ojo.

Manifestantes y el legislador se enfrascaron en una pelea hasta que alrededor de seis policías corrieron a separarlos para llevarse a Rivera Guerra a toda prisa del lugar hacia el anexo de la Cámara.

El legislador ha protagonizado varios incidentes en su vida política que inició tras ser electo por primera vez en noviembre de 2000 como representante por el Distrito 17 de Aguadilla y Moca. En el 2003, Rivera Guerra fue expulsado del hemiciclo cameral luego de romper el cristal de su banca legislativa al dar un puño molesto en medio de la sesión.

En el 2013, Rivera Guerra se declaró culpable por violar la Ley de Ética Gubernamental al no incluir en sus informes financieros la construcción de una piscina en su propiedad, para lo que tampoco tenía permisos de uso. Rivera Guerra logró un acuerdo por lo que sentenciado a cumplir servicio comunitario y tuvo que pagar una multa de cerca de $3,000. Fue electo nuevamente a en 2016.