Tras el paso de María.

Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU dijo hoy que despues de más de un mes Puerto Rico sigue sin recibir una respuesta adecuada a la devastación causada por el huracán María, y exigió a EEUU y a la isla suprimir las barreras reguladoras y financieras para la reconstrucción y recuperación.

Los relatores solicitaron en un comunicado ‘una respuesta rápida y bien financiada a la emergencia, con prioridad a las personas más vulnerables y en riesgo, es decir niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, los que no tienen un techo y mujeres’.

Los expertos subrayaron que la reconstrucción debe asegurar estándares adecuados para afrontar futuros desastres.

‘Exigimos a las autoridades en Estados Unidos y en Puerto Rico suprimir las barreras regulatorias y financieras que existen para la reconstrucción y recuperación’, dijeron.

‘Todos los esfuerzos que se lleven a cabo deben basarse en los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que las personas puedan reconstruir sus vidas en los lugares y con las comunidades con quienes solían vivir’, recalcaron.

En su opinión, la reconstrucción debe tener por objetivo mejorar la capacidad de la infraestructura, vivienda y hospitales de Puerto Rico para afrontar futuros desastres naturales.

Tambien señalaron la necesidad de aliviar la deuda de la isla, que presentó su demanda de bancarrota en mayo de 2017 a traves de la ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

Varios expertos de la ONU habían expresado su preocupación en septiembre de 2016 sobre el nivel de deuda pública y su impacto negativo en los derechos económicos y sociales, pero no han recibido una respuesta sustantiva a sus preguntas y preocupaciones ya sea de Washington, San Juan o del Consejo de Control y Gestión Financiera.

El experto sobre deuda y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, dijo que ya antes del impacto del huracán María, la situación de derechos humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social’.

Los expertos resaltaron que casi la mitad de la población de Puerto Rico ya estaba viviendo por debajo de la línea de pobreza antes del huracán.

La relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, indicó a su vez que ‘no podemos dejar de notar la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico, en comparación con la respuesta en estados de EEUU que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes’.

‘Despues de un desastre natural, con más de 90,000 viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad’, subrayó.

‘Todos los niveles del Gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas pueden volver a una cierta normalidad rápidamente. Las personas necesitan vivienda segura y adecuada -en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento’, enfatizó.

Por su parte, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, agregó que el huracán arrasó la mayor parte de los sembrados y que los productos principales de exportación fueron los más afectados.

‘La población se enfrenta a escasez de alimentos y tambien a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola’, indicó.