Por primera vez desde que se aprobó y entró en vigor la ley federal PROMESA que establece un nuevo regimen de administración pública en Puerto Rico, el gobierno federal se expresará oficialmente sobre la constitucionalidad del estatuto.

Así lo adelantó ayer la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia en reacción al reto legal que presentó el ‘hedge fund’ Aurelius Investment LLC que, igual que lo hizo la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), argumentó que PROMESA es ilegal porque los miembros de la Junta de Control Fiscal que crea no son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos.

Al someter su demanda, Aurelius argumentó que el gobierno de los Estados Unidos debería someterse a los términos que tienen todas las partes en el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Pero en su comparecencia ayer, el gobierno federal le argumentó a la jueza Laura Taylor Swain que lo que procede es el protocolo que se sigue en los casos en los que se reta la constitucionalidad de un estatuto, y en los que el gobierno federal no es una parte involucrada. Lo que implica que el gobierno tiene 60 días para decidir si va a entrar en el caso, y tiene 30 días adicionales para someter su posición por escrito, si es que decide entrar.

Más al punto, el protocolo le prohibe al tribunal emitir una determinación de que la ley es inconstitucional mientras el gobierno federal esté bajo el término para decidir si comparece.

Al pedirle a la jueza que se atenga a los términos, el Procurador General interino Jeffrey B. Wall insistió en que las repercusiones del remedio que pide Aurelius no pueden ser subestimadas ya que, de fallarse a favor del ‘hedge fund’, la Junta sería declarada ilegal y sus decisiones serían nulas, incluyendo la adopción de un Plan Fiscal y las radicaciones de las quiebras del gobierno de Puerto Rico, los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Carreteras y Transportación, COFINA y la Autoridad de Energía Eléctrica.

La última vez que el gobierno federal estableció una postura legal sobre Puerto Rico, en el caso de Sánchez Valle, fue para adelantar que la isla es un territorio de los Estados Unidos sobre la cual el Congreso tiene pleno poder.

El 17 de agosto, la jueza Swain ordenó que la controversia fuera certificada al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, como dicta la ley, por lo que desatendió los reclamos de Aurelius de encaminar esta controversia de una manera distinta.

Para ver la comparecencia del gobierno federal, ve el enlace abajo:

Comparecencia del gobierno federal en demanda de Aurelius – NotiCel_26706