El Tribunal Apelativo denegó esta tarde la petición solicitada y declaró no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción que presentó hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para evitar hacer público el documento de presupuesto presentado ante la Junta de Control Fiscal.

El Gobernador recurrió al Apelativo en auxilio de jurisdicción para que ese tribunal paralizara la determinación del Tribunal de Primera Instancia que le requería al Primer Ejecutivo someter a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo el presupuesto presentado ante la Junta.

El panel de jueces que tomó la determinación estuvo compuesto por los jueces Ramírez Nazario, Colom García y Romero García.

El Tribunal de Apelaciones (TA) utilizó como argumento que como regla general, el Tribunal Supremo ha establecido que el TA no intervendrá en casos que maneja el Tribunal de Primera Instancia (TPI) salvo que hubiera perjuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo.

‘Los foros de primera instancia tienen amplia discreción para limitar o extender el alcance de descubrimiento de prueba. De ordinario, los tribunales de primera instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración’, dice la determinación del panel de jueces.

‘Por ello, no encontramos razón para intervenir en estos momentos con la discreción ejercida por el TPI. En ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto, la decisión del foro primario sobre el manejo del caso merece nuestra total deferencia’, agrega el documento.

Esta tarde, al conocer el recurso que presentó Rosselló Nevares, el portavoz de la minoría senatorial del PPD, Eduardo Bhatia, dijo que la administración Rosselló continuaba ‘dando la espalda a la transparencia’.

‘En todos los frentes este gobierno ha dado la espalda a la transparencia. Buscan todos los remedios, subterfugios y oportunidades para esconder la información a la gente. Al tiempo que la Junta de Supervisión Fiscal denunciaba la falta de transparencia de la administración en su reunión en Fajardo en la mañana de hoy, el Departamento de Justicia, en representación del Gobernador, radicaba en el Tribunal Apelativo un recurso para seguir negando la publicación del presupuesto propuesto bajo PROMESA’, expresó el portavoz del PPD en declaraciones escritas.

‘Hoy más que nunca hemos visto los resultados de la falta de transparencia de este gobierno. No conocer los números exactos, las propuestas del Gobierno, los recortes o las proyecciones nos ha llevado derecho a lo que hoy vivimos. No queda duda de que el Gobernador no quiere que pueblo sepa la verdad y los recortes que propuso. Continuaré dando la batalla junto a mis abogados para lograr la transparencia y la divulgación de documentos públicos y por el derecho a saber de todos los puertorriqueños’, agregó.

El pasado 30 de abril, la juezaRoques ordenó la entrega de ese documento en un plazo de 10 días.

La entrega, sin embargo, no supone que ese documento será público de inmediato pues la jueza primero debía evaluar si contiene información sensitiva que podría validar el argumento del gobierno a favor del privilegio ejecutivo.

Bajo este argumento, el abogado del gobierno, Iván Ramírez Camacho, insistió que el pedido de la parte demandante no procede debido a que el documento solicitado constituyó un trabajo en progreso desarrollado por los asesores del gobernador Ricardo RossellóNevares.

Por su parte, la representante legal del Senador, licenciada Margarita Mercado, se mantuvo firme en que el estado no ha presentado un interés apremiante para sustentar el planteamiento de derecho ejecutivo para no entregar ese documento en particular. Del mismo modo, advirtieron que el caso busca evitar que se establezca un precedente que permita al gobierno entregar el primer presupuesto a la JCF sin que sea sujeto al ojo público o el escrutinio de lo medios.

Según explicado en sala, el documento en cuestión no es la versión del presupuesto entregado a la Legislatura ni el que fue aprobado por la propia Junta. El documento que exige la parte demandante es el primer presupuesto que el Gobernador entregó a la JCF el pasado 30 de abril, que fue solicitado por y posteriormente denegado a Bhatia.

‘Quién propuso el recorte a la Universidad (de Puerto Rico)? Fue el Gobernador o fue la Junta? Aquí hay un gran debate sobre los municipios Quién propuso el recorte a los municipios, fue la Junta o fue el Gobernador? Aquí no sabemos, y yo tengo derecho a saber el Gobernador de Puerto Rico, mi Gobernador, yo quiero saber cuál es la posición que tomó sobre este asunto y nadie puede saberla, nadie puede interpretarla porque nadie la sabe’, agregó.

Este caso inició el 4 de mayo con la presentación de un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego que el gobierno no diera paso a la solicitud del Senador para entregar ese primer presupuesto bajo el planteamiento de que era un documento de trabajo.

Posteriormente, el caso fue transferido al foro federal donde la jueza Taylor Swain devolvió la controversia al foro local por entender que era un asunto de derecho a la información que debería ser dilucidado en los tribunales estatales.

Lee aquí la decisión del Apelativo.

Decisión del Tribunal Apelativo_26500