En otra ronda de sentencias por el caso de corrupción del otrora recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez hoy, jueves, el exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel.

Su defensa solicitó que cumpla la pena en una cárcel en el estado de Florida. El juez Pedro Delgado también exigió una restitución monetaria al acusado por participar en el esquema y completar 200 horas de trabajo comunitario.

En agosto de 2016, González Calderón se declaró culpable de participar en el esquema que llevó a la empresa3CommGlobal de Hernández Pérez a obtener un contrato para la instalación de teléfonos en ese cuerpo legislativo.

El rol de González Calderón fue clarificado un poco más en la declaración de culpabilidad del exjefe de Informática de la Cámara, Víctor Burgos Cotto, quien aceptó que la trama del contrato ilegalmente adjudicado a Hernández Pérez, comenzó con una recomendación que él mismo le hizo al administrador de que debería cambiarse.

El pasado 13 de marzo, Burgos Cotto, fue sentenciado a un año de probatoria y 100 horas de trabajo comunitario voluntario.Mientras, Javier Muñiz Álvarez,exaspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se volvió a declarar culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a programas federales y por fraude electrónico por lo cual fue sentenciado a 21 meses de cárcel y tres años de probatoria así como 300 horas de servicio comunitario.

Muñiz Álvarez fue el único de los convictos del caso que fue preso por amenazar a una testigo del caso. Su sentencia se había pospuesto pues según el Juez las partes acordaron unas enmiendas a la declaración de culpabilidad.

En febrero, el juez Delgado Hernández dictó un año de cárcel, contra la exejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto.

La misma sentencia fue dictada poco después a Carlos F. Luna, quien también se declaró culpable, la acusación federal le imputa dar declaraciones engañosa sobre la vinculación del coacusado Javier Muñiz Álvarez con la empresa JM Professional <><><><><><><>& Training Group, así como con la involucración de Hernández Pérez en el proceso de obtener los contratos de esa entidad con el Departamento del Trabajo. Relacionado con esto, se le imputó obstrucción a la justicia al intervenir con las computadoras de la empresa que se usaron para el contrato de las ferias de empleo en Trabajo, de forma tal que las autoridades no pudieran llegar a información que buscaban con esos contratos./p

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