Con el fin de contribuir a reducir los costos de las operaciones del Gobierno, el representante Guillermo Miranda Rivera radicó una medida que busca eliminar la seguridad privada en las escuelas públicas de la Isla y la reemplaza con agentes de la Policía de Puerto Rico.

‘Es de conocimiento general que los agentes que conforman la Policía cuentan con el entrenamiento y las cualificaciones necesarias para cumplir con la ardua tarea de prestar vigilancia en los planteles escolares del Sistema de Educación Público del Gobierno. Esta colaboración entre ambas agencias servirá de ayuda para convertir a los planteles en centros educativos seguros, libres de drogas y violencia, redundando en un mejor ambiente educativo que trae como efecto dominó, una mejor enseñanza y armonía entre la comunidad educativa’, sostuvo el legislador de mayoría, en declaraciones escritas.

La Resolución de la Cámara 7 cual ordena al Departamento de Educación y a la Policía de Puerto Rico crear un plan piloto de vigilancia policiaca en las escuelas públicas, con el fin de lograr una transición ordenada de la vigilancia de las escuelas a la Uniformada y eliminar la contratación de compañías privadas de seguridad.

‘Es de conocimiento general que Puerto Rico atraviesa por una profunda crisis social que se ve reflejada en los actos de violencia, la criminalidad, los maltratos y la dejadez de los ciudadanos por lograr un sistema más seguro para todos. Esta ola de violencia recientemente ha tomado como escenario principal los planteles escolares del Departamento de Educación, donde se ven peleas entre estudiantes, motines, actos vandálicos, escalamientos, transacciones de drogas, entre otros problemas’, sostuvo Miranda Rivera.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes legislador indicó que en el pasado, la Policía destacaba personal para la vigilancia directa de los planteles escolares, lo que contribuía a crear un ambiente ordenado de estudios. Añadió que posteriormente, se suplió la seguridad con compañías privadas y que supuestamente, luego se tomó la determinación de no continuar con dicha contratación privada ‘y dejar las escuelas a la merced de vándalos cuya consecuencia inmediata ha sido el aumento en escalamientos, violencia en los planteles, inserción de drogas y un ambiente hostil que no propende al mejor clima educativo que debe imperar en el sistema educativo de Puerto Rico’.

Al momento, la superintendente de la Policía, MichelleHernández, no se ha expresado en torno a la propuesta.