Las propuestas que delinea el gobierno para contrarrestar los recortes de la Junta de Control Fiscal (JCF) no representan medidas que a corto plazo puedan lograr reducir gastos en el gobierno como exige el organismo creado por la Ley PROMESA.

De acuerdo al abogado contributivo, Kenneth Rivera, las propuestas que el gobierno ha anticipado que incluirá en el plan fiscal como la transición de empleados públicos a la empresa privada a través de las alianzas público privadas; la reforma de permisos; la reforma contributiva y la reestructuración del gobierno, no alcanzarán los números que pide la JCF en recorte de gastos y aumento de ingresos.

‘Muchas de esas medidas (que propone el gobierno) no van a tener un efecto inmediato. Requieren tiempo para adoptarse. Por ejemplo, lo que sea desarrollo económico debe tomar como poco dos años, y en promedio realmente, pueden ser cuatro años en lograr resultados’, explicó el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA).

Según trascendió en El Nuevo Día, el gobernador Ricardo Rosselló trabaja un plan fiscal con propuestas alternas a las esbozadas por la Junta para alcanzar los ahorros necesarios y los aumentos en los recaudos que cumplan con los números esbozados por esta sin recortar pensiones, aumentar impuestos o despedir empleados.

No obstante, el Gobernador dejó la puerta abierta para que aquellos pensionados que reciben unas cantidades mayores a la promedio de 400 a 600 dólares mensuales sufran un recorte como parte del Plan Fiscal.

‘Estamos hablando de los más vulnerables, los que tienen las pensiones más bajas, los que hoy día tienen dificultad para comprar sus medicinas, a los que bajarle un 10 por ciento sería esencialmente tirarlos a la pobreza, al igual que lo discutimos en el asunto de la Universidad de Puerto Rico, aquellos que tengan más capital en áreas como esta, deberán aportar más en esta situación fiscal. Nuestro objetivo es que el Sistema de Retiro no colapse’, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa el miércoles.

‘Todo está sujeto a ver cuán grande es el problema, pero ciertamente, aquellos que tengan más deben aportar más’, añadió.

Se estima que menos del dos por ciento de los pensionados de Puerto Rico reciben compensaciones mayor a las promedio, entre otros, alcaldes, legisladores y funcionarios de gobierno que han tenido puestos gerenciales. A las pensiones que alcanzan el máximo de las escalas de compensación se le conocen como ‘pensiones Cadillac’.

Sin embargo, Rivera recordó que en la carta enviada el pasado mes, la JCF no dice las acciones específicas a tomar, sino los números que se tienen que lograr para cuadrar la caja; por lo que la controversia ‘más que económica, tiene un matiz político salvaje’.

‘Lo que yo percibo es que nadie quiere ser el malo. La Junta no le ha dicho que bote empleados, sino que reduzcan en 30% la nómina. Están esperando que la Junta haga lo que puede hacer al no responder políticamente, que la Junta se convierta en la mala de la película. Al final, el gobierno podrá decir que lo hizo la Junta y que se enfrentó, pero no le hicieron caso’, sostuvo Rivera.

Insistió que la Junta de Control Fiscal tiene la ventaja de que no es un cuerpo político, por lo que no responde a presiones políticas, y puede tomar medidas antipáticas para recortar los gastos del gobierno.

Señaló que el gobierno se queda corto en atender las áreas de recortes más preocupantes y que necesitan atención inmediata porque inciden en los sectores más desprotegidos de la sociedad, como lo son las propuestas reducciones de $1,000 millones en Mi Salud y 10% a los sistemas de retiros. Insistió que las contrapropuestas del gobierno no solucionan el problema a corto plazo; sino que suponen ‘generalidades’ ante una falta de liquidez inmediata y una muy poca expectativa de inyección inmediata de fondos federales adicionales.

Asimismo, dijo que la única medida a corto plazo que el gobierno ha logrado es la extensión por 10 años de la contribución del 4% a las empresas foráneas, lo que inyectaría $1,000 millones al presupuesto del próximo año fiscal.