Luego de que el gobernador Ricardo Rosselló emitiera el pasado martes una orden de destitución a todos los comisionados representantes del interes público de la Comisión para la Auditoria Integral del Credito Público, el presidente de la Comisión, Roberto Pagán Rodríguez, insistió hoy en conferencia de prensa la importancia y vigencia de la auditoria de la deuda pública para el pueblo puertorriqueño.

‘El desmantelamiento de la comisión de auditoría de la deuda pública le negaría al pueblo puertorriqueño su derecho a conocer las condiciones que se pactaron para endeudar al país, si hubo violaciones a la Constitución, quiénes fueron los responsables de la crisis financiera y quiénes –si alguno – se benefició ilegalmente de la bancarrota del estado’, sostuvo el presidente.

A su vez le acompañaron Irma Hilerio Arroyo, líder cooperativista y el Dr. José González Taboada, quienes coincidieron que la orden del primer ejecutivo negará la independencia política y ‘los que nombren van a responder a los intereses políticos de la nueva administración’.

La Comisión está compuesta por representantes de las instituciones financieras, cooperativas, académicos y sindicatos así como funcionarios electos y fue creada por virtud de la Ley 97 (de julio de 2015) que mandata que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública y se determine la cantidad que realmente corresponde pagar.

Pagán se reafirmó en que la Comisión que preside está adscrita a la rama legislativa por lo que la orden del Gobernador violaría la separación de poderes consignada en la Constitución y por tanto es nula. De igual forma, advirtió que hay legislación radicada dirigida a retirarle los recursos económicos a la Comisión.

Por ello, solicitan una reunión con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, para reconsiderar la acción del gobernador ya que ‘restarle importancia a la auditoria es un error mayúsculo’, agregó Pagán.

Sin embargo, el presidente afirmó que la Comisión lleva varios meses pidiendo una reunión con la Junta de Control Fiscal (JCF) pero el organismo ha recibido la petición sin dar respuesta. ‘La propia Junta ha expresado la importancia de una auditoria forense’, concluyó González Taboada.

Según Pagán, la Comisión ha contratado al bufete californiano, Macias, Gini <><><><>& O’Connell (MGO), para que audite las últimas cuatro emisiones de deuda y conteste las interrogantes que surgieron de los estudios de pre auditoría que se realizaron hace unos meses. En estas se destacaron posibles violaciones a disposiciones constitucionales, practicas irresponsables de contabilidad y el incumplimiento con los estándares éticos y legales, de la industria de parte de quienes intervinieron en emisiones de bonos, tales como suscriptores (underwriters), compañías evaluadoras de crédito (Standard and Poors y Moodys), auditores, bufetes de abogados, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y otras agencias de gobierno./p

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‘El resultado neto de la acción del Gobernador es que paraliza el proceso que se disponía a comenzar la firma de auditores, dada la incertidumbre que crea ante estos y cualquier proveedor de servicios a la Comisión’, concluyó Pagán./p

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Los comisionados, representantes del interés público, que recibieron la carta de destitución del Gobernador fueron: Dr. José Alameda, catedrático en economía; Dr. Juan Lorenzo Martínez, catedrático en estadísticas; Hilero Arroyo, líder cooperativista; Zoimé Álvarez Rubio, del sector bancario; González Taboada, profesor de finanzas; Dr. Hiram Meléndez profesor de derecho constitucional y Pagán, líder sindical.