La superintendente de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández de Fraley, defendió la orden que emitió para regular la difusión de información por parte de la uniformada alegando que busca proteger a los testigos de crímenes.

‘La intención de la orden no era amordazar ni nada de eso la intención era positiva’, sostuvo la funcionaria con este medio, mientras detalló que la orden solo quedará sin efecto hasta que no se llegue a un acuerdo con los medios de comunicación.Hernández fue enfática en que no busca obstruir el acceso de información a los medios, ni la transparencia en los procesos de la Policía, sino intentar proteger los derechos civiles de los ciudadanos.

No obstante, la funcionaria insistió el martes que la orden que limitaría la divulgación de ciertos detalles de las investigaciones policiacas es una disposición federal y dijo estar segura que se logrará un acuerdo con los gremios periodísticos con los que reunirá para discutir el asunto.

‘Esto es un esfuerzo en el que estamos hablando de cinco o seis grupos con diferentes intereses que tenemos que llegar a un acuerdo común. Yo estoy segura que vamos a seguir adelante. Yo no tengo ninguna razón por la cual pensar que hay una parálisis. Vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos la intención de transparencia pero también tenemos la intención de proteger las investigaciones, los testigos, las víctimas y a los mismos sospechosos. Para eso nos tenemos que reunir y llegar a ese ‘happy medium», dijo Hernández de Fraley a la prensa luego de participar de una reunión en La Fortaleza.

De cara a la reunión con varios de los grupos de prensa, la Superintendenteaseguró que se les hizo llegar las dos órdenes generales ‘para poder tener completa transparencia y discutir las preocupaciones y trabajar si hay que cambiar algunas cosas en la orden federal’.

Ante esta situación, Mari Mari Narváez de Espacios Abiertos, sostuvo que aunque la directriz que había emitido la Superintendente de la buscaba proteger derechos que antes no se resguardaban, como los derechos a la intimidad del acusado, protección de testigos, víctimas de delito y a menores de edad, no se protegía la Primera Enmienda de libertad de prensa.

Sobre la orden administrativa para el manejo de información que se podría poner en vigor en la Cámara de Representantes, la periodista señaló que es una medida que provoca gran preocupación y advirtió que el gobierno no puede hablar de transparencia si no apoya los principios internacionales que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Espacios Abiertos han avalado en los que se encuentran los diez principios de acceso a la información.

No obstante, Narváez argumentó que aunque el Partido Nuevo Progresista y sus funcionarios hayan adoptado la palabra ‘transparencia’ para ejercer su política pública quiere decir que la ejerzan del todo, pues a su juicio el hecho de que los funcionarios de por sí apoyen a la Junta de Control Fiscal es contradictorio ya que aseveró que el ente fiscal no es transparente con el país ni pretenderá serlo.

Y es que Narváez resaltó que la Junta tiene que entregar unos informes que descarten que sus miembros tengan conflicto de intereses para manejar las finanzas de Puerto Rico. Sin embargo Espacios Abiertos descubrió que ni las entidades federales saben dónde deben ser entregados esos informes.

‘Ahora mismo no sabemos si la Junta ha rendido sus informes de posibles conflictos de interés e incluso se desconoce si en efecto tienen que rendirlos y dónde porque aunque la ley estipula y dispone que sí tienen que rendir unos informes, no indica en qué oficinas y al la Junta no ser una institución federal ahora mismo hay una duda de parte de los mismos funcionarios federales’, advirtió Narváez.