Para el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Credito de Puerto Rico, Roberto Pagán, resulta inaudito que la Junta de Control Fiscal (JCF) ordene su propia auditoría forense de la deuda, cuando la Ley PROMESA reconoce los trabajos de la Comisión, que lleva más de un año constituida.

La determinación de la JCF podría chocar con las disposiciones del Artículo 4.3 de PROMESA que reconoce los trabajos de la Comisión creada por el Gobierno de Puerto Rico y ordena a la JCF no interferir con sus funciones.

‘Ellos conocen la existencia de la Comisión. La Ley PROMESA hace alusión a nuestra Comisión. Siendo esto así, no nos explicamos cómo ellos se toman la iniciativa de ordenar su propia auditoría’, cuestionó Pagán.

Dijo que la determinación de la JCF de ordenar su propia auditoría no solo es una duplicidad de gastos de fondos públicos, sino que crea suspicacia frente a las verdaderas intenciones de encomendar un proceso que no es independiente ni transparente como el que ya se ha comenzado.

‘Me parece inaudito… la propia Ley PROMESA reconoce a la Comisión que está precisamente haciendo ese trabajo. Nos parece una pérdida de recursos innecesaria porque el dinero sale del mismo pote, del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión está compuesta por múltiples sectores de la sociedad civil y se parece más a lo que debe ser una auditoría ciudadana de la deuda. No nos explicamos por qué la Junta quiere tener el control total de ese proceso’, puntualizó.

Sostuvo que la JCF contratará una firma para realizar la revisión, por lo que tendría el poder para ‘guiar’ a los auditores que contraten hacia su enfoque y así inclinar la balanza.

Pagán anticipó que la Comisión continuará sus trabajos y solicitará nuevamente una reunión con los miembros de la JCF. Aunque ya la Comisión solicitó una reunión hace meses, nunca se recibió respuesta.

‘Solicitamos una reunión hace meses, justo semanas después de que finalmente se constituyera formalmente la Junta. Insistiremos en la reunión. Por su silencio, es evidente que no existe voluntad o interés de reunirse con nosotros’, reiteró.

La Comisión se creó por ley en el 2015 para evaluar de forma independiente la deuda emitida por el gobierno los últimos 45 años. Pagán explicó que, para iniciar esa encomienda, el gobierno presupuestó $2.5 millones para este año fiscal, de los que han desembolsado $700,000.

Los miembros de la Comisión Ciudadana ya han solicitado reuniones con el gobernador Ricardo Rosselló y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez, para conocer la expectativas y planes de la presente administración sobre sus trabajos.