Aun cuando su cargo conlleva un termino fijo, el excontralor electoral, Manuel Torres, saltó a la Secretaría del Senado a principios de enero bajo la nueva administración de gobierno, en un movimiento de fichas que podría levantar dudas en cuanto a la legalidad de dichos traslados.

Torres, quien fue el primer funcionario en ocupar el cargo de contralor electoral, se supone permaneciera en esa posición por un término de 10 años, hasta el 2022. Con 6 años remanentes, renunció a esa silla para ocupar, por segunda ocasión, el puesto de Secretario del Senado. Como Secretario del Senado, sirve bajo la confianza del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, cuyas finanzas políticas tuvo que evaluar y fiscalizar en la contraloría.

La Ley de Ética Gubernamental restringe a exservidores públicos ocupar un cargo con otra agencia sobre la cual, ‘haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo’. Ciertamente, como contralor electoral, Torres encaminó auditorías sobre donativos políticos, gastos de campaña electoral e incluso emitió multas contra candidatos, sin excepción a los integrantes de la actual asamblea legislativa.

Aunque en primera instancia se podría inferir que la designación de Torres como secretario del Senado encaja con esa prohibición legal, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, aclaró no es el caso.

‘Nuestra inherencia con la rama legislativa y con la rama judicial está limitada al recibo de auditorías de los informes financieros de los legisladores, de los jueces y del equipo de trabajo de administración de ambas ramas. Así que cuando el Contralor Electoral migra por nombramiento de la rama ejecutiva a la rama legislativa, ya nosotros perdemos jurisdicción sobre su persona’, explicó Rosario en entrevista con este medio.

No obstante, para la directora de OEG la limitación de su delimitación del campo de acción de su dependencia a la rama ejecutiva le coarta de poder encaminar investigaciones contra legisladores. En esa línea, reiteró su llamado para ampliar las facultades de su oficina a fin de permitirle, al menos, iniciar pesquisas en la rama legislativa.

‘Como consecuencia de la experiencia del pueblo de Puerto Rico en el manejo de asuntos donde se estaba cuestionando la forma y manera que actuaron algunos legisladores que fueron referidos a sus respectivas comisiones de ética y la insatisfacción del pueblo, yo me exprese públicamente indicando que no tenía ningún inconveniente en que… pudiéramos nosotros llevar a cabo las investigaciones de los legisladores siempre y cuando la sanción recaiga sobre las comisiones de ética o el cuerpo donde sea la investigación’, dijo Rosario.

Con este objetivo la directora afirmó que desde noviembre ha efectuado un total de 11 reuniones internas a fin de evaluar de manera exhaustiva la Ley de ÉticaGubernamental para presentar, en un futuro cercano, una reforma a ese estatuto. Esto para ampliar la jurisdicción de su oficina al legislativo y procurar financiamiento adecuado.