El secretario de la Oficina de Asuntos Públicos y Política Pública de Fortaleza, Ramón L. Rosario, negó que la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, para establecer las funciones del secretario de la Oficina de Asuntos Públicos y Política Pública de Fortaleza atente con la transparencia y el acceso a la información.

‘Es normal que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo, tengan sus preocupaciones sobre la Orden Ejecutiva, pero al final del día la administración de Rosselló lo que busca es lograr el compromiso del Plan para Puerto Rico y la transparencia en el gobierno’, sostuvo Rosario.

Mientras aseguró que se realizará un proceso, el cual estará liderando junto a la secretaria de prensa,Jennifer Álvarez, con todas las organizaciones y los medios para hacer un proyecto de ley que les permita a la prensa buscar la información que se ha negado por décadas.

Sin embargo, según reza en el documento, Rosario deberá ‘trabajar con el gobernador y el secretario del Departamento de la Gobernación todo asunto que responda al establecimiento dirección y ejecución de proyectos estratégicos para la administración de la política pública y programática del gobierno, incluyendo la tramitación de los proyectos de ley’.

También, Rosario tendrá que asesorar al gobernador en la atención de todo asunto relativo al desarrollo de canales de comunicación, interacción y presencia pública que brinden mayor eficacia al funcionamiento de la Oficina del Gobernador.

Y es que la Orden Ejecutiva, establece que con el fin de asegurar que todas las agencias y corporaciones públicas cumplan con la política de transparencia en conformidad con el documento firmado por Rosselló Nevares, el secretario de Asuntos Públicos tendrá la tarea de presentar un proyecto de ley sobre la libertad de información, análogo al Freedom of Information Act (FOIA).

Ante dicha Orden Ejecutiva, Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expresó que ‘El Centro de Periodismo Investigativo favorece la iniciativa de una ley de transparencia y acceso a la información para Puerto Rico pero hay que dar el espacio para que se elabore la misma y podamos estudiarla’.

Asimismo, Minet detalló que no se debe descartar por completo el esfuerzo y la legislación que se promovió el año pasado que tiene el apoyo de organizaciones comunitarias y periodistas que recoge los principios de transparencia y acceso a la información aceptados internacionalmente. Mientras señaló que la ley FOIA del gobierno federal ‘no es el mejor modelo’ porque en el ámbito federal no se reconoce el derecho al acceso a la información como uno constitucional, como ocurre en Puerto Rico.

Y es que el principal problema de la ley FOIA, es que solo aplica a agencias federales del ejecutivo. Y no aplica al Congreso ni a la Rama Judicial federal.

Entre tanto cabe destacar que el cuatrienio pasado, la Legislatura colgó la propuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública que contaba con el endoso del CPIy otras organizaciones, así como con la oposición de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC). En la década del 1990, bajo la presidencia senatorial de Charlie Rodríguez, el cuerpo legislativo intentó pasar una versión criolla del FOIA, pero no se realizó por la oposición de los gremios de prensa.