El director de operaciones de Aermoed, Jose Hernández, desmintió las expresiones que hizo la secretaria del Departamento Salud, Ana Ríus Armendáriz, durante la vista de transición a los efectos de que la compañía podía aumentar sus tarifas y optar por no ofrecer servicios. Además, aseguró que han estado disponibles para negociar la deuda de $7.8 millones que tiene el DS con ellos y ha sido la propia agencia quien se ha negado a negociar.

‘Aeromed ha intentando en numerables ocasiones de dialogar con la Secretaria de Salud para resolver el asunto de la deuda y de hecho, consignó este compromiso como parte de los acuerdos del 22 de julio’, sostuvo Hernández.

Resaltó además que la empresa a la cual el DS compró el helicóptero en controversia, Ecolift Corporation, fue tarjeta de investigación federal en el 2015 por hechos relacionados a la venta de estas naves a la FURA en el 2014.

‘Aeromed se entera de que mientras operaba el servicio en cumplimiento con los términos negociados con el Gobierno, la secretaria de Salud y su ayudante Juan Nazario, hacían gestiones con una empresa para la compra de un helicóptero, sin seguir el debido proceso de subasta, amparándose en la alegada ‘EMERGENCIA'(mayúsculas del escrito) de que Puerto Rico estaba desprovista de servicio de ambulancia aérea. Esta alegada ‘EMERGENCIA’ no existía ya que durante todo el proceso de la compra del helicóptero, Puerto Rico contaba con dos naves en servicio’ , declaró Hernández.

Aún así sentenció que las acciones de la secretaria de Salud han sido de mala fe pues a pesar de haber firmado este nuevo acuerdo que responde a la falta de efectivo en el gobierno, Aeromed ha experimentado un descenso notable en los vuelos que autoriza el DS.

‘Resulta difícil creer que el gobierno pueda operar un sistema eficiente y seguro a un costo tan bajo como el que alega Rius y exhortamos a que haga público el alegado estudio de viabilidad que dijo se hizo para justificar la compra de la nave si subasta’, concluyó Hernández.

La compañía Aeromed firmó un memorando con cuatro agencias para reiniciar operaciones que fueron suspendidas el 6 de junio debido al impago del gobierno.

Actualmente, continúa sus operaciones con dos naves disponibles, luego de sellar una contratación por un año a una tarifa fija de mutua conveniencia, según un comunicado de prensa. Esta tarifa es mucho menor a la que la compañía cobra en los Estados Unidos.