La inversión de $180 millones para el desarrollo de tres proyectos comunitarios ubicados en San Juan y Caguas fue objeto de indignación para el director ejecutivo de la delegación entrante del Comite de Transición, William Villafañe, quien se opuso a una iniciativa impulsada por el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Alberto Lastra, que emula el modelo de una Alianza Público Privada.

‘Veo a las familias que necesitan una vivienda y partimos de una realidad de que no hay suficientes viviendas publicas para las familias que la necesitan. En ese caso, entonces, si pudiéramos buscar alternativas que el costo fuera menos, pues, entonces, estamos utilizando mejor el dinero y ampliamos la cantidad de unidades disponibles para estas familias. Por lo tanto, atendemos una mayor población necesitada, y al mismo tiempo también podemos atender el mercado inmobiliario que está en crisis y poder proveer para mejorar el mercado inmobiliario’, declaró Villafañe durante la vista a la cual compareció el DV y sus componentes.Fondos asignados a égidas no dan para cubrir costos

El secretario explicó que el gobierno desembolsó $55 millones para la construcción de complejos de vivienda de interés social. Los proyectos residenciales estuvieron ubicados en Las Gladiolas y Puerta de Tierra en San Juan y Gautier Benítez en Caguas. Los $125 millones restantes derivan de una combinación de fondos federales de los programas HOME, Project Based Vouchers y Low Income House Tax Credits, como también de inversionistas privados que administrarán estos edificios. Con esto anticipan crear 772 unidades nuevas en los tres proyectos que cobijarán alojamientos subsidiados por el gobierno para participantes del Programa de Sección 8, para alquiler privado y para comercios.

‘Quiere decir que estamos haciendo de $55 millones, $180 millones. Por qué?, porque hay créditos contributivos, hay inversión privada, las tierras son de nosotros, se hace un fondo mixto y esto es lo que es una Alianza Público Privada perfecta’, sentenció Lastra, a lo que Villafañe le disputó que el costo por cada unidad sería de $230,000. ‘Con ese dinero usted sabe cuántas casas de verdad podemos comprar, cuántas familias realmente podemos ayudar’, protestó Villafañe.

Lastra discrepó de la aritmética pues no toma en consideración otros costos administrativos incluidos dentro del monto total, como la demolición, los alquileres a residentes desalojados, gastos de realojamiento, entre otros.

Al presente, los proyectos de Las Gladiolas y Puerta de Tierra pasaron la fase de demolición, faltando el residencial Gautier Benítez en Caguas. Mientras, el jefe de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Gabriel López Arrieta, explicó que en el caso de Las Gladiolas, unas 68 familias del residencial original regresarían al complejo reconstruido, mientras unas 21 familias optaron por no continuar con el proceso.

Sin embargo, en diciembre del 2015, el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en ingles) dejó de enviar fondos para el pago por el alojamiento temporero de los residentes desplazados de esa comunidad. Por lo tanto, las personas se inscribieron al Programa de Sección 8 como remedio en lo que identifican fondos propios.

Entretanto, Lastra alertó al Comité sobre la insuficiencia de fondos para cubrir las obligaciones del Programa de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Vivienda a personas de mayoredad con ingresos bajos, conocido como el Programa de Ley 173. El mismo provee a personas mayores de 60 años un subsidio de $400 para el pago de viviendas, sea en una casa o égida, y al presente tiene más de 4,000 beneficiarios.

Los fondos de la Ley 173 se reparten mediante el contrato para el Subsidio de Arrendamiento (C.A.S.A) a las égidas por un término de 15 años, quienes se encargan de precualificar al participante. Sin embargo, Lastra indicó que debido a los altos costos acumulados han tenido que paralizar la emisión de nuevos contratos C.A.S.A.

Al presente el programa cuenta con una obligación de $18 millones, pero la Ley 173 solo provee $12 millones que provienen de una aportación fija de $10 millones de los recaudos de la lotería tradicional y un 15% de la ganancia neta de la Lotería Electrónica hasta un máximo de $20 millones.

Hasta ahora han continuado operaciones mediante una reserva que el DV empezó a acumular hace dos años para ese programa. Sin embargo, Lastra estimó que esa reserva se agotaría en dos años más, por lo que insistió modificar el reglamento para proveer más fondos a este programa. De lo contrario, los dueños de égidas tendrían que solicitar fondos federales para sufragar los costos de albergar sus residentes.

Por otra parte, advirtió que al presente no se han logrado realizar las recertificaciones requeridas por la Ley 173 a sus beneficiarios por falta de personal. Según Lastra el programa se quedó sin personal para esta función tras la implantación de la Ley 7 y desde ese entonces tienen solo un evaluador para todos los casos.

La Oficina del Contralor señaló este hallazgo en un informe publicado en agosto de este año y recomendó al DV a tomar medidas correctivas a ese fin. A ese fin, el legislativo aprobó una enmienda a la Ley 173 para añadir una asignación de $5 millones del Fondo General para sufragar gastos administrativos en el Departamento. No obstante, Lastra no descartó usar estos fondos para remediar la deficiencia en las obligaciones. Aún así estimó que en dos años los ingresos de ese fondo no serían suficientes para cumplir con sus obligaciones, que de paso anticipó aumentarían en la medida que más envejecientes se acojan al programa.