A pesar de que las exposiciones realizadas por los distintos candidatos a la gobernación dentro de la convención organizada por la Asociación de Detallistas de Gasolina persiguieron subrayar sus compromisos para con los profesionales de este sector, los miembros de este colectivo no las tienen todas consigo y consideran que impera un miedo extendido entre todos los aspirantes ante la sombra de la Junta de Control Fiscal (JCF).
El asunto de mayor conflicto, según el sector de detallistas de gasolina, lo constituye la Ley 31 de 2013, aprobada para modificar la cantidad del arbitrio que se impondrá, cobrará y pagará sobre el petróleo crudo y sus productos derivados, y cuya nueva normativa entrará en vigor en julio de 2017. Mediante esta ley, se generaría un aumento de la ‘crudita’, es decir, un incremento del precio de la gasolina en, al menos, 1 centavo por litro a partir de la fecha indicada.
Luis Sepúlveda, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, aseguró que la falta de compromisos firmes por parte de los candidatos de cara a la eliminación de este impuesto está directamente ligada a que ‘le tienen miedo a la Junta Fiscal (…) (pues) tienen incertidumbre de la reacción de la junta a cada uno de sus compromisos’, aseguró.
Por otro lado, el máximo dirigente de la asociación llegó incluso a entreverar que, más allá del miedo, el futuro gobierno podría incluso emplear la excusa de la Junta como vía óptima para no cumplir con sus promesas, hecho que conllevaría la inmediata reacción de protesta pública por parte de su organización.
Además, confirmó que el impuesto en cuestión, lejos de proporcionar beneficios, ha generado una reducción en el negocio de la venta de carburantes. ‘Nosotros hemos experimentado una baja en (la) venta de gasolina de cerca de 200 millones de galones en el año. Y eso es fuerte. Cada vez que hay un impuesto, el consumidor, en vez de comprar $20 de gasolina, compra $15, y si iba comprar $10, compra $5. El volumen ha bajado’, expresó.
Sepúlveda explicó que el consumo normal previo al impuesto era de 850 a 900 millones de galones al año. ‘Este año vamos a terminar como en 750 millones’, estimó, lo que constituiría una reducción de peso.
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