Nueva York – Con su primera reunión, la Junta de Control Fiscal (JCF) instalada bajo la Ley PROMESA apuntó a que asumirán un control total de la estructura del Gobierno de Puerto Rico.

Se trata de un trámite formal bajo la Ley porque una cosa es que la Junta empiece a operar y otra es cuáles dependencias estarían cubiertas por PROMESA.

Fue el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de la Administración Fortuño, Carlos García, el que estuvo encargado de componer la lista y de presentarla, comenzando por el gobierno central y abarcando todas las corporaciones públicas.

La miembro de la Junta, Ana Matosantos, justificó esta ‘captura amplia’ de entidades como parte de un ‘enfoque holístico’ que es necesario por las interconexiones presupuestarias que hay entre agencias y corporaciones públicas.

Los municipios no fueron específicamente mencionados entre las entidades que estarían bajo el control de la Junta.

Los sistemas de Retiro, la Universidad de Puerto Rico, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Puertos, Edificios Públicos, Financiamiento de la Vivienda, Financiamiento de la Infraestructura, y Carreteras y Transportación, así como COSSEC, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el propio BGF, el Banco de Desarrollo Económico y Fomento Industrial fueron todas específicamente mencionadas. Esto implica que la Junta podrá meterse en el detalle de las operaciones de estas entidades con toda la fuerza de la Ley PROMESA.

La designación de las entidades vino al final de la reunión y después de que tres instancias de protesta dentro del auditorio fueran aplacadas y los manifestantes expulsados. Durante las mismas, y por encima de gritos de ‘abajo el colonialismo’, ‘deberían avergonzarse’, ‘vendíos’, ‘se acabaron las promesas’, ‘están violando a Puerto Rico’, y ‘nuestro país resistirá’, el presidente de la Junta, Jose Carrión III y los miembros siguieron los trabajos sin pausa.

En la reunión de aproximadamente media hora, también se le pusieron términos al gobierno de Puerto Rico para reportarse. Por encima del grito de ‘eso suena a esclavitud’, la Junta estableció que el Gobernador tiene que entregar su Plan Fiscal para el 14 de octubre y que la entrega de información continua incluye: flujo de efectivo semanales, data de las cuentas bancarias mensual, cumplimiento de presupuesto de todas las agencias mensual y al año, informe detalladode recaudos y esfuerzos de recaudación de Hacienda mensual y al año; informe de nómina mensuales, informe de recibo y desembolso de fondos federales mensual, obligaciones de deuda mensual, informe de productividad de agencias trimestral, estadísticas claves económicas, laborales y sociales trimestralmente.

La Junta también aprobó su reglamento con la disposición, destacado por el profesor David Skeel de que se reforzaron los requisitos de votación para que todo asunto requiera el voto de cuatro de los siete miembros independientemente de cuáles miembros estén en la reunión en la que se está llevando a cabo la votación y que los nombramientos del Director Ejecutivo y del Representante Legal requieren cinco votos, incluyendo el del presidente, posición a la que fue designado de manera unánime el ejecutivo de la industria de seguros Jose Carrión III. La designación de Carrión fue hecha por Ana Matosantos y secundada por Andrew Biggs, de quien se decía era el otro miembro que buscaba la presidencia, además de Carrión.

El representante del Gobernador, Richard Ravitch, no solo no tiene voto en la Junta sino que, en esta reunión, tampoco tuvo voz ya que guardó silencio.