El director ejecutivo de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), Pablo Crespo Claudio dijo el miercoles que tambien había hecho referidos por irregularidades en ese organismo, mientras que próximamente concluirá otra investigación por deficiencias detectadas entre 2010 y 2012.

Esto, luego que la contralora, Yesmín Valdivieso, refiriera al Departamento de Justicia (DJ), a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y al Departamento de Hacienda (DH), las irregularidades incluidas en la auditoría RF-17-01.

‘Está por concluir otra investigación que será referida al Departamento de Justicia sobre otras posibles violaciones de Ley cometidas entre los años 2010 y 2012 y que el inventario de la propiedad fue certificado por la Oficina de Auditoría de AEELA al 30 de junio de 2015’, dijo Crespo Claudio en un comunicado.

Explicó que entre los años 2009-2010 y 2012-2013, la entonces administración ignoró y violó en múltiples ocasiones la reglamentación de compras y subastas de AEELA. Añadió que los hallazgos relacionados con la propiedad del Centro Vacacional Playa Santa (CVPS) forman parte de varios referidos que hiciera el 24 de marzo de 2014 a Justicia, a la propia Oficina de la Contralora y a la OEG.

‘El informe de la contralora corrobora lo que habíamos investigado y referido al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental,’ afirmó Crespo Claudio.

Indicó además, que los referidos hechos por AEELA en marzo de 2014, señalan, entre otras irregularidades, que entre los años 2010 y 2012 la compañía Restaura Contractors, Inc., realizó trabajos de construcción en AEELA, por la cantidad de 503,813 dólares sin que mediara un proceso de subasta formal y que hubo también fraccionamiento en la adquisición de compras y servicios como lo hubo en el Capitolio.

Asimismo, el director de AEELA mencionó que en el año 2012, la entonces administración supuestamente dispuso de camas, mesas, sofás y futones equivalentes a 1,501 unidades de propiedad del CVPS, en violación a la Ley 144-2011 que no permitía donaciones en la forma en que se hicieron. La forma en que dispusieron de esta propiedad le costó a la asociación 326,402 dólares.

Además, señaló que habían referido hallazgos de que el mobiliario, que fue donado en el 2012 al municipio de San Juan y a otras entidades fue el mismo que había sido sometido a unas restauraciones porque la asociación lo apreciaba y valoraba debido a su aspecto rústico y durabilidad. También incluyó que se compró e instaló mobiliario residencial para sustituir el que había sido restaurado, utilizando una campaña de medios publicitarios para reinaugurar el CVPS con el nuevo mobiliario. La campaña de medios tuvo un costo de 40,276 dólares.