Espacios Abiertos presentó una página cibernetica llamada ‘Ojo a la Junta’, el primer paso de una iniciativa para crear transparencia e informar al público sobre los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal.

El trabajo consistirá en identificar los documentos que la Junta generará y custodiará como parte de los procesos de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Entre la información que será confidencial se encuentran las sesiones ejecutivas, las cuales luego del voto mayoritario de la Junta, podrán reunirse en sesión ejecutiva cerrada al público en general, proceso en el que también se excluirá al Gobernador de Puerto Rico. Además, los informes de acuerdos de incentivos contributivos que el Gobernador tendrá que rendira la Junta a seis meses de establecida en la Isla, no podrán comentarse.

‘Hay que exigir transparencia y rendición de cuentas a la Junta Fiscal’, manifestó la licenciada Natalia Ramírez, quien explicó que hay que sentar las bases para que la Junta de Supervisión Fiscal garantice los derechos constitucionales de Puerto Rico.

Aunque la Isla no está cobijada por la ley de Freedom of Information Act (FOIA), aseguró que hay que velar porque no se violen los derechos constitucionales de los puertorriqueños.

Por otra parte, la licenciada explicó que la Junta podrá requerir al Gobernador que someta a la los miembros de dicho cuerpo presupuestos e informes mensuales o trimestrales sobre las instrumentalidades del Gobierno local. Y estos en su plena discreción podrán solicitar a un ente externo que someta un presupuesto separado del territorio y podrá pedir al Gobernador de turno que desarrolle dicho presupuesto.

‘Nosotros entendemos que tener acceso a estos datos oficiales es información esencial que el pueblo tiene que conocer porque es de interés público conocer la situación económica actual y lo que nos ha llevado a la crisis’, explicó Ramírez.

Otro de los puntos señalados por Espacios Abiertos es que aún no se sabe cuánto se le pagará a el director de ejecutivo y al personal de la Junta. El salario de los miembros de este cuerpo lo determinará la misma Junta y el director también podrá nombrar y fijar el salario del personal que considere meritorio contratar.

Se espera que el Contralor General de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) someta un informe, no más tarde de 18 meses después de la promulgación de la ley PROMESA, a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal y a la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, en el que se describan las condiciones que llevaron a Puerto Rico al nivel de la deuda actual, que deberá ser analizado basado en la actividad general per cápita de la Isla. Este informe es público.

El consejero general de Espacios Abiertos, Efrén Rivera Ramos, dijo que con la llegada de la Junta todo debe ser público pues la falta de transparencia es lo que ha llevado a Puerto Rico al problema económico actual. Sin embargo, recalcó la necesidad de hacer un análisis de lo que dice la ley sobre la confidencialidad.

‘Como la propia ley dice que esto es un organismo de Puerto Rico ( la Junta), debe aplicar el derecho constitucional de que todo documento que se genere en una dependencia de gobierno debe ser público ‘, dijo Rivera Ramos. Sin embargo, apuntó que hay que preguntarse cómo será interpretada la transparencia por los tribunales eventualmente pues las leyes federales pasarán por encima de la jurisdicción local.

‘Los tribunales locales han quedado desplazados, excepto para una cosa, la Junta puede expedir citaciones subpoenasa cualquier persona y para hacer cumplir las citaciones la Junta puede acudir a los tribunales de Puerto Rico para hacer cumplir las citaciones, pero todo lo demás deberá ir al tribunal federal’, explicó el consejero general de la organización.

En última instancia, hay que estudiar a qué tribunal se puede acudir para hacer valer el derecho a la información. Si Puerto Rico demanda a la Junta en el Tribunal Superior de San Juan, está seguro que las primeras mociones de desestimación serán por falta de jurisdicción porque PROMESA no le reconoce jurisdicción a los tribunales estatales.

Ante dicha situación, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Nuria Y. Ortiz, dijo que es meritorio que los legisladores realicen una sesión extraordinaria para crear una ley de transparencia.