El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, martes, a viva voz el proyecto 1372 que crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio y Servicios de Farmacia.

El proyecto enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Salud (DS), a los fines de crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio y Servicios de Farmacia. Este organismo, adscrito al DS, tendrá la autoridad de supervisar y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés), a los Administradores de Servicios de Farmacia (PBA, por sus siglas en inglés) y a cualquier entidad similar que contraten servicios con las farmacias en Puerto Rico.

Tanto el presidente del Senado, como el presidente de la Comisión de Salud y vicepresidente del Alto Cuerpo, José Luis Dalmau, fueron enfáticos al señalar que esta pieza legislativa beneficia fundamentalmente a los pacientes.

‘El costo de los medicamentos es un asunto de vida o muerte. Saber que los que tienen dinero pueden vivir y que los que no tienen dinero no pueden vivir porque no tienen dinero para los medicamentos, no es la realidad que queremos para Puerto Rico’, apuntó Bhatia, al tiempo que añadió que ‘hoy no gana un grupo sobre otro. Hoy gana el paciente’.

Por su parte, Dalmau defendió la potestad de la Legislatura de imponer regulaciones sobre determinados sectores, especialmente si se trata de la salud de la población. ‘Regulamos el precio del Café, el margen de ganancia de las gasolineras, regulamos si un fast food puede o no cobrar por el agua…’, recalcó el senador antes de arremeter contra los detractores del proyecto. ‘Allá los que deniegan medicamentos a los pacientes, allá los que deniegan servicios’, dijo.

Asimismo, el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer, calificó la medida como una de sana administración. En tanto, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago sostuvo que a pesar de que el proyecto no es perfecto atiende una asignatura por mucho tiempo pendiente en la Asamblea Legislativa.

Líderes de organizaciones de pacientes, miembros de la clase médica y del sector de farmacias de la comunidad de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos exigían a la Legislatura desde marzo a regular los intermediarios sobre beneficios de farmacia de las aseguradoras.

El colectivo había advertido sobre los peligros que acechan a la medicina accesible la contratación de compañías al servicio de las aseguradoras que sirven como intermediarios para administrar los beneficios de farmacia ya que limita ‘seriamente’ el acceso a los medicamentos. Para erradicarla, propusieron la aprobación de una ley para fiscalizar el desempeño de los intermediarios, como ocurre en 26 estados de Estados Unidos.

La figura de un comisionado regulador de estos intermediarios para supervisar sus funciones adscrito al Departamento de Salud. Los fondos para sufragar esa oficina provendrían de dicha industria y las propias farmacias, por lo que no representaría gastos adicionales para el Gobierno.