‘Yo lo único que quiero es que me permitan usar mi medicina sin el miedo que tengo de que me arresten por combatir una enfermedad incapacitante y degenerativa. ¿Ese es el crimen que yo voy a cometer?’, cuestionó Madeline Rivera, maestra retirada y paciente de esclerosis múltiple.

La posibilidad de que la marihuana medicinal se convierta en una industria de lucro excesivo para empresas extranjeras, más que para beneficiar a pacientes que la necesitan, es la preocupación principal de la Alianza de Pacientes Pro-Cannabis, que abogaron el lunes por un reglamento digno y justo que rija la producción, distribución y dispensación del cannabis medicinal.

‘Queremos un reglamento digno, libre de discrimen y monopolio. Nosotros somos pacientes del país y el Estado tiene el deber ministerial de brindarnos a nosotros salud’, persistió Rivera.

El presidente de la organización, Ismael Ortiz, exigió en conferencia de prensa al Gobierno que se niegue a otorgar un monopolio a compañía alguna, colocando así la industria en manos del libre mercado. De esta forma, sostuvo, se velaría por una oferta variada, precios accesibles y diversidad de espacios alrededor de la Isla para conseguir la medicina.

Según Ortiz, quien se mudó a Washinton durante medio año para sobrevivir un cáncer de Non-Hodgkin Linfoma valiéndose exitosamente de un tratamiento a base de cannabis, un monopolio encarecería los precios, haciendo los medicamentos poco accesibles a las personas ‘más humildes de nuestra sociedad que son los que más necesitan esto’. Actualmente en Oregon, una onza vale 125 dólares, lo cual en el mercado negro en Puerto Rico cuesta unos 350 a 400 dólares.

Esto podría incluso reconducir a la población al mercado negro, donde los precios podrían mantenerse más baratos, poniendo en peligro la vida de los pacientes, como ocurrió con Mari Luz Mayor Riverea, una paciente de cáncer que accedió este mes a un punto de droga para adquirir marihuana y fue asesinada porque supuestamente la confundieron con una informante.

Por otro lado, limitaría la oferta en la variedad de cepa, que suman sobre 400 variaciones que atienden diferentes condiciones. Si la libre empresa rige la producción, aumentaría la diversidad en el mercado, abonó Ortiz.

También, Rivera teme que un monopolio permita a un ente decidir cómo se distribuirá l amedicina, lo cual impida el acceso a la flor natural para de ahí elaborar tés, vaporizadores, aceites, inhaladores, u otros tipos de mecanismos para el tratamiento.

En términos empresariales, las restricciones tan específicas del borrador actual del Reglamento parecen encaminadas a satisfacer a solo una empresa, según el licenciado Salvador Tió, experto en derechos civiles, a quien no le cupo duda que el reglamento está ‘hecho a la medida de GrowBLOX’.

Ya la secretaria de Salud había admitido en mayo pasado que sostenía conversaciones con la empresa GB Sciences Puerto Rico, una subsidiaria de GrowBLOX Sciences, empresa con base en Las Vegas, para que se ocupara de la producción de los medicamentos.

‘El crimen mayor aquí es que el Departamento de Salud se comporte como si fuera Fomento, porque lo que han dicho aquí ustedes es que hay gente que va a sufrir teniendo el acceso posible a la medicina, esto es una repetición de volver a adoptar un modelo de hacer algo en Puerto Rico que excluya a los puertorrqueños’, manifestó Tió.

En términos económicos, ambos coincidieron en que si se le otorga el monopolio a una empresa extranjera, se estaría privando a Puerto Rico de una nueva industria que podría generar ganancias para el país, desarrollar la agricultura y generar empleos. Por el contrario, el Estado sería patrocinador de la fuga de capital.

‘Vamos a coger y darle un mercado completo nuevo a una compañía para que se lleve esas ganancias fuera de Puerto Rico, con solo sus promesas vagas de crear empleos. Qué mejor empleo que ser empresario?’, prosiguió Ortiz.

Añadió que el modelo que está siguiendo el Gobierno puertorriqueño es el del Estado de Nueva York, que levantó sospechas de corrupción cuando, de 38 compañías que pidieron licencias para producir y que alegadamente cumplían con los requisitos, solo le despejaron la vía a cinco.

Otros de sus reclamos se dirigen contra el discrimen, abogando por que se les permita a menores de edad sacarle provecho a la planta medicina, un punto de conflicto para médicos y psiquiatras. Ortiz puso el ejemplo de Charlotte Fiji, una niña estadounidense que padecía unas 1200 convulciones mensualmente y consumía 70 fármacos diferentes, pero que a sus cinco años, una vez comenzó a consumir marihuana, se redujo a dos convulsiones al mes.

Por último, los presentes tronaron contra farmeceúticos, psiquiatras y otras figuras de la salud que se oponen a legalizar y flexibilizar la producción y consumo de marihuana medicinal, amparándose en supuestos

Desde que usa cannabis, Rivera ya no asiste al psiquiatra ni usa los cuatro medicamentos que le habían recetado para atender la depresión y la ansiedad, para dormir y para enfocarse. ‘Son una mafia’, denunció la mujer.

‘La industria farmacéutica va a colapsar’, manifestó un veterano de guerra desde el público, que dijo sufrir de numerosas condiciones que el cannabis ha podido atender.

‘Lo que tienen que hacer es reinventarse’, concluyó Rivera.

La Alianza exigió al Gobierno que detenga de inmediato el curso del borrador actual del Reglamento hasta que no consituya un comité que incluya a pacientes con experiencia en un programa medicinal de marihuana. Además, le dieron dos días más al gobernador Alejandro García Padilla para que responda a la carta en que detallan sus reclamos, luego de denunciar que el Departamento de Salud ‘les diera la espalda’.

‘Si el Gobernador insiste en pasarnos el rolo por encima a los pacientes para beneficiar los bolsillos de unos pocos, les aseguro que lucharemos como hemos luchado con nuestras condiciones’, expresó Ortiz. Manifestaciones en la Fortaleza o llevar los reclamos al Tribunal Supremo son algunas de las medidas que están dispuestos a tomar.