El Gobierno de Puerto Rico presentó el jueves ante el tribunal de San Juan un recurso de desistimiento para retirarse de la transacción de expropiación forzosa de la finca en la que se hubiera desarrollado el controvertible proyecto de Costa Serena en Loíza.

La controversia entre el estado y la empresa PFZ Properties gira en torno al valor de la finca de 1,354 cuerdas que fue tasada en 32 millones de dólares, tomando en cuenta la otorgación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que le permitía el desarrollo del proyecto turístico-residencial de Costa Serena.

‘Entendemos que el valor que originalmente se estableció y se estipuló [para este desarrollo] no es correcto respecto al mismo porque este desarrollo no cumplió con el procedimiento ambiental, por lo tanto, no tiene un desarrollo aprobado, y cuando se tasó esta propiedad se hizo considerando ese desarrollo. Siendo esto así, nosotros estamos solicitando al tribunal que nos permita nuevamente retasar esta propiedad, de conformidad a una finca que no tiene desarrollo’, explicó Mildred Sotomayor, abogada del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Pero el tribunal no ha dado paso a la solicitud para la retasación. Ante esa situación el gobierno ahora ha presentado una moción de desistimiento que tendría el efecto de cancelar la expropiación que había iniciado.

La contención de PFZ Properties y su propietario, el empresario Joel Katz, es que la propiedad tiene un valor de 75 millones, pero se allanó a la tasación de 32 millones en aras de ‘evitar una litigación que podría extenderse por varios años’, según señalaron los abogados de PFZ Properties el jueves.

Aun cuando el gobierno había estipulado inicialmente el valor de 32 millones, ahora alega que el valor ha variado porque la DIA que hubiera permitido el desarrollo de la finca fue declarada nula por el Tribunal Supremo, porque no cumplió con el debido proceso.

El caso quedó sometido delante de la jueza Mabel Ramón Milián del Centro Judicial de San Juan.

De declararse con lugar la moción de desistimiento, el proceso judicial se convertiría en uno por daños. Katz tendría que demostrar los daños sufridos por el proceso de expropiación, para el cual el gobierno depositó 4.9 millones de dólares en el tribunal, y que fueron retirados por PFZ Properties, según sus abogados, ‘bajo protesta’.