La presidenta entrante de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez denunció el domingo que por segundo año consecutivo, supuestamente el Departamento de Educación (DE) está violando el principio de merito en los procesos de nombramiento de maestros, bibliotecarios, trabajadores sociales y consejeros.

‘Esta acción, a todas luces ilegal y politiquera, tiene el propósito de nombrar allegados políticos y en ocasiones obviando los canales para nombrar personal sin los requisitos. Además, nos informan que en regiones educativas como la de Arecibo se está llevando el proceso de nombramientos tras bastidores, nombrando los maestros por teléfono sin tan siquiera mediar una convocatoria especial. Esta medida arbitraria y discriminatoria ha sido la norma que ha caracterizado al señor Rafael Román desde sus inicios como secretario de la agencia’, dijo Martínez en una declaración enviada a los medios.

Indicó que la aprobación de la carta circular de organización escolar número 24 establece que debe haber prioridad con los nombramientos por reclutamiento especial, en clara violación a la Ley Número 184 que establece el principio de mérito y al registro de elegibles. Esto también sucede en las escuelas especializadas.

‘Se estima que producto del proceso de cierre y reconfiguración de escuelas más de dos mil transitorios se quedarán sin empleo para el próximo año escolar. Si a esto se le añade que los transitorios elegibles o provisionales ni siquiera pueden enterarse de las convocatorias y competir en 117 escuelas clasificadas prioridad o especializadas, se está creando un calvario para las miles madres y padres que están buscando el sustento de sus familias’, sostuvo Martínez.

Además, denunció los cambios en el proceso de nombramientos, pues la nueva carta circular número 22 otorga mayor puntuación a una entrevista oral que a los años de experiencia e incluso ‘menosprecia la preparación académica de los docentes sin hacer mayor distinción entre maestros con bachillerato, maestría o doctorado’.

La entrante líder de la FMPR alegó que este proceso está ligado al Plan de Flexibilidad, que según alegó, está diseñado para ‘privatizar escuelas y destruir el estado de derecho laboral’.

‘La posible extensión del plan de flexibilidad por tres años adicionales, es otra afrenta contra las escuelas del país. Este plan que forma parte de una dispensa firmada entre el Departamento de Educación y el Departamento de Educación Federal, no persigue mejorar la educación de nuestros niños, en todo caso busca perpetuar el saqueo de fondos federales para entregárselos a manos de privatizadores o su nueva modalidad, unas supuestas entidades ‘sin fines de lucro’. Durante más de 10 años de vigencia de la NCLB más de mil millones de dólares fueron a parar a las arcas de decenas de empresas dedicadas al servicio de tutorías sin mayores resultados. Ahora con esta extensión compañías como Pearson continuaran beneficiándose ante el aumento en la administración de pruebas’, señaló Martínez.

‘La FMPR en su compromiso insobornable con la educación pública hace un llamado al magisterio a combatir estas medidas, que forman parte de una ofensiva generalizada contra la clase trabajadora, desde la calle, junto a las comunidades escolares que representamos’, concluyó.