El acuerdo entre el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para permitir que la compañía desarrolladora del Paseo Lineal de Puerta de Tierra usara la energía electrica de una escuela pública cercana, implicaba el desembolso del consumo extra, pero la corporación no tiene registro de cuánto finalmente se gastó.

La portavoz de prensa de la AFI, SheysaOtero, informó a este diario que el acuerdo implicaba eldesembolso de la cantidad de consumo de energía eléctrica que Omega Engineering usara de la conexión a la escuela José CelsoBarbosa, ubicada en el Viejo San Juan, por lo que se instaló un contador aparte, de cuya inspección estaría a cargo el ingeniero David Berríos, de la AFI.

Tras la denuncia del activistaAlberto de Jesús Mercado, conocido como ‘Tito Kayak’, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no solo determinó que la conexión incumplía con los reglamentos, sino que confiscaron el contador instalado sin su autorización. ‘Se llevaron el contador, por lo que no se puede saber de cuánto fue el consumo’, mencionó Otero, luego de consultar al inspector.

Aseguró que la corporación le ha dado seguimiento al DE para hacer el pago correspondiente conforme al exceso de la factura de luz, pero no han recibido respuesta. ‘Al Departamento de Educación no ha llegado detalle de cuánto fue el consumo’, dijo por su parte el portavoz de la agencia.

El vagón donde Omega Engineering, del empresario Oscar Rivera Rivera, mantiene operaciones del proyecto del Paseo Lineal, estuvo conectado de manera ‘irregular’ según la AEEpor un periodo de tres semanas a la escuela José Celso Barbosa. La portavoz de la AFI aseguró que ese arreglo se debió a que ‘en Puerta de Tierra no hay donde conectarse’. La compañía no quería permanecer operando con un generador hasta verano de 2016, cuando culmina el proyecto.

Los vecinos de Puerta de Tierrareaccionaron indignados al trato especial otorgado a la empresa en momentos en que la AEE y el país sufren su peor crisis fiscal. ‘Es insultante que luego que se retirara el arrimo ilegal que tenía el contratista a través de la escuela, por lo cual todos pagamos precios altísimos a través de los fondos públicos, a este contratista se le dé meramente un regaño, o ni siquiera eso, en vez de procesar criminalmente y aplicar la Ley Núm. 162 del 2009, que establece multas de hasta $10,000’, reaccionó el licenciado Ramón Olivencia, uno de los abogados del ambientalista.