Nada asegura que el proyecto del Senado 1350, y una ley del 2014 que permiten al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) requerirle a las agencias e instrumentalidades transferir el dinero que tienen en bancos privados a sus arcas, puedan aumentar la liquidez de esa institución.

La información se desprende del informe cameral del proyecto 1350, que también daría inmunidad contra demandas a los funcionarios del BGF y empleados.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión, estimó en mayo que ‘que entre los municipios, tribunales, las autoridades y agencias del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen más de 5,000 cuentas que incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro y a plazo fijo. De esas cuentas, alrededor de 2,500 son de uso restringido, las cuales representan un balance agregado de aproximadamente $770 millones’. Esas restricciones incluyen dinero que se usa para pagar demandas, entre otros, o pagar cuentas de la Administración del Sustento de Menores (ASUME).

Se estima, según supo NotiCel, que hay unos $2,800 millones del gobierno en bancos privados pero no todo ese dinero podría pasar al BGF ya que la ley exceptuó a los municipios.

Carrión explicó que ‘el retiro de fondos gubernamentales de la banca privada del país impactaría negativamente los términos y la capacidad de la banca local para proveer financiamiento’. Sostuvo que el BGF ‘no cuenta con la infraestructura de servicio adecuado para satisfacer las necesidades de las entidades gubernamentales, incluyendo el recurso humano especializado y los sistemas informáticos adecuados’.

Añadió que el ‘BGF carece de una red de sucursales que pueda efectivamente brindar servicios a sus clientes’. También indicó que diversas entidades gubernamentales, como ASUME y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), ‘mantienen fondos en depósito que legalmente no le pertenecen al Gobierno, sino que los mantienen para beneficio de menores, incapacitados y otras partes privadas, para lo cual el Proyecto no contempla excepción’.

Por su parte, el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), licenciado Rafael BlancoLatorre, indicó que los traslados de fondos ‘no deben afectar negativamente a los bancos en general, ya que los bancos tienen que colateralizar, con valores líquidos, dólar por dólar todo depósito y, al eliminar esos depósitos, se libera igual cantidad de liquidez’.

Sin embargo, añadió que ‘hay bancos que han utilizado préstamos de municipios y gobierno para garantizar depósitos gubernamentales y, en ese caso, sí pudiera afectar la liquidez de esos bancos’.