El incumplimiento de la Rama Ejecutiva con la ley que imponía la obligación de recortar gastos, algo que ya había sido denunciado por la minoría política, tomó vitrina hoy con quejas de los legisladores de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Por un lado, el senador por el distrito de Carolina y presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, Luis Daniel Rivera Filomeno, dijo el sábado que citó para el lunes y miércoles a varias agencias de gobierno para que demuestren si han cumplido a cabalidad con los recortes, ahorros y eficiencias exigidos por la Ley 66.

‘Hay que reconocer el esfuerzo de algunas agencias gubernamentales en han dado la milla extra en estos momentos de crisis. También hay que responsabilizar a los que no están cumpliendo’, sentenció el senador en un comunicado de prensa. ‘Queremos establecer una radiografía clara y seria de como se ha distribuido el peso de los sacrificios en el servicio público’.

Las vistas públicas están pautadas para este lunes, 8 de junio a las 9:00 de la mañana en el salón María Martínez del anexo del Senado, con el Departamento de Corrección (DCR) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el miércoles, 10 de junio a las 9:00 de la mañana en el Salón Héctor Martínez, ubicado en el lado sur del Capitolio, contiguo al edificio de estacionamientos. Para esta segunda vista están citadas la Administración para la Compensación de Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y el Departamento de la Vivienda (DV). En las recientes vistas de presupuesto, se reveló que el Departamento de Salud, con un presupuesto aproximado de 730 millones de dólares anuales, solamente ha ahorrado cerca de 300,000 dólares en el periodo de un año fiscal. ‘Esto es un ejemplo y lo que vamos a evaluar son las variables y los parámetros de esos números. No vamos a llegar a conclusiones apresuradas’, indicó el senador.

Por otro lado, durante la vista de presupuesto el sábado en la Cámara de Representantes del del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), trascendió durante el proceso de preguntas que el componente económico falló en entregar los informes sobre los gastos del gobierno en contratos de servicios profesionales, como manda la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.

La Ley 66-2014, denominada ‘Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, declaró un estado de emergencia fiscal y se adoptó un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica de la degradación del crédito de Puerto Rico. Se establecieron metas y se dispuso la radicación de informes trimestrales de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva. Concretamente, el control está en la contratación de servicios profesionales y comprados, ajustes en tarifas de servicios comprados y profesionales, reducción en la nómina de empleados de confianza, establecer controles para la ocupación de puestos vacantes y flexibilizar la facultad gubernamental para efectuar destaques o traslados debido a necesidades de servicio, entre otros.

El secretario del DDEC, Alberto Bacó, aseguró que terminará el año fiscal vigente con un presupuesto balanceado, y que podrá asumir las responsabilidades contempladas en el presupuesto de $378,525,000 dólares asignado para el nuevo periodo fiscal que comienza el primero de julio.