Un grupo de abogados, liderados por el licenciado Hiram Torres Montalvo, radicaron el miercoles una demanda de daños y perjuicios en contra del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para detener la alegada práctica de estar anotar gravámenes sobre los vehículos de los ciudadanos para favorecer los intereses de varias agencias de cobro.

‘Lo que está pasando aquí es un escándalo de grandes proporciones. Estamos hablando de que en Puerto Rico existen varias poderosas agencias de cobro de dinero que están utilizando recursos altamente cuestionables para dejar a pie a miles de conductores’, señaló Torres Montalvo durante una conferencia de prensa celebrada en las escalinatas del Centro Judicial de San Juan.

De acuerdo al letrado, las firmas Operating Partners, Midland, y Legal Auto, entre otras, supuestamente han acosado a cientos de ciudadanos privándolos de la oportunidad de renovar los marbetes de sus vehículos debido a una deuda privada y sin mediar orden alguna del Tribunal.

‘Digamos, por ejemplo, que usted dejo de pagar un préstamo personal o una tarjeta de crédito hace varios años atrás porque se quedó sin empleo o tenía problemas económicos, su Banco le daño el crédito y colocó la cuenta en perdida. Usted por lo general se olvida del asunto y no hace más nada al respecto. Años más tarde comienza a recibir cartas de una empresa de cobro de dinero la cual le compro su deuda al Banco por varios centavos al dólar. Estas empresas acuden al Tribunal, el cual emite órdenes de recobro. Luego la agencia acude al DTOP para que, de manera ilegal, anoten estos gravámenes sobre los vehículos de las personas. De esta manera la agencia de cobro se asegura que usted tenga que transar con ellos a sus términos’, añadió.

Torres Montalvo, quien entabló la demanda contra del ahora desaparecido sistema de fotomultas, aseguró que tiene información de ‘decenas’ de ciudadanos afectados por esta práctica.

‘La manera como se desarrolla este esquema es que hay alguien en la oficinas regionales de DTOP que se está prestando para anotar los gravámenes como si se tratara de un caso judicial, pero la realidad es que no existe una orden de un juez a los efectos de ordenar el gravamen. Una vez se anota el gravamen el mismo permanece en efecto, y cuando vence el marbete del vehículo y el ciudadano afectado no recibe su licencia, se comunica y es ahí que se entera de la situación. En DTOP le indican que no puede renovar su marbete hasta tanto se comunique con la agencia de cobro, la cual espera hasta ese momento para obligar al ciudadano al establecer algún acuerdo de pago o de lo contrario no puede volver a usar su carro’, dijo el abogado.

Por su parte, el licenciado Steven Batista exigió respuestas por parte del secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz, ante lo que catalogó como un ‘abuso constitucional sin precedentes’.

Mientras, la abogada Karla Cruz adelantó que serán ‘miles los ciudadanos que se unan al pleito recién radicado’.

Según informaron los licenciados, se considera como una violación al derecho constitucional del ‘debido proceso de ley’ el privar a una persona del disfrute de su propiedad privada sin antes mediar una orden judicial a tales efectos.