Un grupo de madres y padres de estudiantes de escuelas públicas emplazó el domingo a la comunidad escolar del País a participar de un boicot a las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Academico (PPAA), pautadas para el próximo 24 de abril.

Con representación de diversos municipios, el Comité de Madres y Padres en Defensa de la Educación Pública exhortó a que no se envíen a los estudiantes del país a tomar las pruebas estandarizadas, por estar diseñadas para ‘destruir el autoestima’ de los niños y niñas del País y para ‘desprestigiar el sistema público’.

Noelanie Fuentes, cuyo hijo cursa el duodécimo grado en la escuela Isidro A. Sánchez, en Luquillo, afirmó que las pruebas de este tipo impiden profundizar en las diferencias de los estudiantes. ‘Genera prejuicio en nuestros hijos, y mucha presión’, añadió.

La madre espera que, a través de esta iniciativa, ‘se movilicen más padres y que tomen más conciencia del problema y el daño de estas pruebas. Esto no puede ser algo obligatorio, que se busquen alternativas y no a través de mecanismo de presión’.

El movimiento nace luego de que en diversos estados de Estados Unidos, como Maryland, Massachusetts, Pennsylvania y Nueva York, se forjaran iniciativas con el mismo propósito.

Por ejemplo, el Centro Nacional para una Evaluación Justa y Abierta (FairTest) propone una educación de calidad que ofrezca alternativas a todos los estudiantes a partir de la erradicación de pruebas estandarizadas, entre otros proyectos.

Todo este movimiento de resistencia sostiene, según The Washington Post, que estos exámenes estandarizados no proveen información realmente útil sobre la educación, y que son injustas para las minorías y clases desventajadas económicamente, a la vez que descarta la enseñanza de arte, y ciencias sociales, entre otras destrezas.

La madre Ana Guzmán, de la escuela María López Ponce en Carolina, denunció las Pruebas Puertorriqueñas como un vehículo de privatización de las escuelas que también justifica el despido de educadores.

Ambas madres afirmaron ejercer un derecho constitucional a decidir cómo educar a sus hijos, y según varias decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, estarían en lo cierto.

‘Las PPAA son una cortina de falsedades construida para desprestigiar la escuela pública, los maestros y nuestros hijos’, lee el comunciado de prensa. Opinan que los resultados de estas serán base para justificar a partir de mayo la aceleración de los planes del Departamento de Educación para cerrar escuelas, principalmente mediante la consolidación.

Coincidieron en que la mirada que mejor mide el aprovechamiento académico de los estudiantes es su maestro, en la medida que se acercan a sus estudiantes desde una educación diferenciada, utilizan distintas técnicas de enseñanza y trabajan así de acorde a las diferentes formas de aprender.expresado anteriormente a favor de fortalecer las pruebas estandarizadas, magnificando las consecuencias que pudieran tener sobre el desempeño académico del estudiantado.

Fueron enfáticas en denunciar lo que consideran el ‘carácter fraudulento’ de estas pruebas.

‘(Al Gobierno) le conviene que los estudiantes no pasen las pruebas, para así beneficiarse de esos fondos federales y proveer servicios privados’, expresó Guzmán.

Exigieron que los fondos se destinen a los planteles escolares, y que el estudiantado los vea materializados en mayor cantidad de herramientas, servicios y recursos en el salón de clases.

Las PPAA responden a un requisito de la Ley Que no quede un niño rezagado (No Child Left Behind), con el objetivo de evaluar con un mecanismo único para todo el estudiantado del sistema público, su aprovechamiento académico en las materias de inglés como segunda idioma, matemáticas, español y ciencias.

Por su parte, el secretario de Educación Rafael Román se ha