El análisis acerca de los recaudos e impacto económico que tendrían las medidas impositivas propuestas por el Ejecutivo como parte de la Reforma Contributiva, se ha visto limitado debido a la ‘desaparición’ de documentos históricos con relación a las políticas económicas que se implantaron en el pasado.

En el archivo histórico de la Asamblea Legislativa, la memoria se queda corta en cuanto al proceso legislativo que culminó con la aprobación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), en 2006. El expediente del proyecto de la Cámara 2193, convertido en la Ley 117 de 2006, contiene únicamente una ponencia de AARP Puerto Rico, pese a que la comisión de Hacienda de ese cuerpo celebró casi 50 vistas públicas durante un periodo de tres meses.

La ponencia del Departamento de Hacienda se extendió de hecho durante los primeros dos días. Depuso, además, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Departamento de Trabajo, la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como decenas de asociaciones profesionales. Sin embargo, para la Asamblea Legislativa, estas deposiciones no ocurrieron, o al menos, no consta que hayan ocurrido.

Lo que sí consta en récord son, sin embargo, los puntos de discusión de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) acerca de la Reforma Contributiva alterna que presentarían en la Cámara de Representantes ese mismo día. En un documento sin ningún tipo de encabezado, ni fecha, ni firma, la delegación alega alivios por reducción de tasas contributivas y aumento de deducciones. Cinco escasas páginas, donde se acusa al entonces gobernador AníbalAcevedo Vilá de gastar el dinero de su partido para lujos personales, contrastan con cientos de páginas desaparecidas con el análisis y las recomendaciones de los grupos profesionales como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Bancos, la Asociación de Economistas y la Asociación de Industriales.

El director de la Oficina de Servicios Legislativos, Juan Luis Martínez Martínez, reconoció que ‘esto no debe pasar’. La misión de este archivo es salvaguardar todos los documentos que hayan formado parte del trámite legislativo, para servir de referencia tanto a ciudadanos y estudiantes como a los mismos legisladores y asesores en su análisis. Explicó que la regla de las comisiones es que cuando cierren sus trabajos, envíen todo el material a esta oficina para hacerlo accesible a la ciudadanía como documentos públicos. ‘Es importante que los expedientes sean enviados completos. Si un ciudadano encuentra un expediente a mitad, no recibe la ayuda que busca’, reconoció.

La directora auxiliar del archivo,MiledysSánchez, especificó, sin embargo, que si un expediente está incompleto, se debe a que fue enviado así de la comisión. ‘No tenemos control del contenido del expediente. Sólo custodiamos… Somos el custodio de lo que nos envían’, explicó.

Las ponencias no se encontraban tampoco en la Administración de documentos del Senado, ni en la división de Archivos inactivos. No constaba evidencia alguna de esos documentos, pese a que se sometieron ante la Comisión de Hacienda de aquel entonces, presidida por el representante penepé, Antonio Silva Delgado.

Pese a que la propia Directora auxiliar afirmó que, ‘el expediente debe constituir todo lo que la medida generó. Tienen por Ley que enviar la conformación del expediente, pero la oficina de Servicios Legislativos carece de un mecanismo para certificar que el documento recibido está verdaderamente completo, debido a que el contenido de todos los expedientes varía. El inventario que se hace desde la oficina, contiene el detalle de las medidas, pero no así del tipo de documento que contiene el expediente.

Martínez Martínez expresó disposición a evaluar un mecanismo de certificación legal para asegurarse que el documento esté completo y ‘no depender de la confianza de la comisión’.

Descartó cualquier posibilidad de que el expediente haya sido trasteado. ‘Una vez está en nuestro poder, puedo certificar que eso es lo que llegó. Si alguien ha tenido acceso a esa documentación, ha sido bajo estricta supervisión’, aseguró.

NotiCel supo de al menos dos asesores legislativos que intentaron conseguir las ponencias para contrastar y analizar con la Reforma Contributiva de Alejandro García Padilla, que propone aumentar el impuesto al consumo a un 16% y sustituir el IVU por un Impuesto al Valor Añadido (IVA).