El comisionado residente, Pedro Pierluisi, volvió a presentar legislación el miercoles en el Congreso que autorizaría al gobierno de Puerto Rico a permitirle a corporaciones públicas insolventes reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

‘A raíz de la decisión del Tribunal de Distrito, está más claro que nunca que el Congreso debe actuar con la mayor rapidez posible para enmendar el Código de Quiebras federal con el propósito de facultar al Gobierno de Puerto Rico a autorizar a sus corporaciones públicas insolventes a reestructurar sus deudas bajo la protección del Capítulo 9. Si el Congreso no actúa, las corporaciones públicas de Puerto Rico quedarán sin marco legal alguno—a nivel federal o territorial—para ajustar sus deudas’, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

El proyecto de ley lleva como título ‘Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico’. En la actualidad, bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, los gobiernos estatales pueden autorizar sus instrumentalidades públicas a acogerse a la ley federal. Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del término ‘estado’ para propósitos del Capítulo 9, por lo que el gobierno de Puerto Rico no tiene la potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.

Dijo que en julio de 2014, la actual administración del gobierno del territorio de Puerto Rico aprobó la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas’, mejor conocida como ‘Ley de Quiebra Criolla’, mediante la cual buscaba autorizar a ciertas corporaciones públicas a reestructurar sus deudas. Un sinnúmero de compañías dueñas de bonos de Puerto Rico demandó al gobierno en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico alegando que la Ley—que se diferencia del Capítulo 9 en numerosos aspectos—viola tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico. El pasado 6 de febrero de 2015, el Tribunal Federal emitió una decisión de 75 páginas en la que concluyó que la Ley de Quiebra Criolla invade lo que es campo ocupado por el Código de Quiebras federal y, por tanto, es inválida bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Además, el Tribunal declinó desestimar las alegaciones de las compañías de inversores de que la Ley de Quiebra Criolla también viola las cláusulas sobre contratos y sobre incautaciones de la Constitución de Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico ha afirmado que apelará la decisión, pero ello conllevará tiempo y esfuerzo adicional, y podría terminar en fracaso.

‘Mi proyecto simplemente permitiría al gobierno de Puerto Rico, igual que al de los estados, a autorizar a sus corporaciones públicas a utilizar, como último recurso, el método probado y comprobado del Capítulo 9, bajo la supervisión de un juez federal de quiebras imparcial en Puerto Rico, basándose en los precedentes legales establecidos bajo el Capítulo 9. Este es el procedimiento que con más probabilidades dará un resultado justo y equitativo para todas las partes con interés’, añadió.

Mencionó que la Oficina de Presupuesto del Congreso ha confirmado que el proyecto no conlleva gastos por parte del gobierno federal. Por tanto, el proyecto debe ser visto positivamente por el sector conservador en asuntos fiscales en el Congreso.

El proyecto de Pierluisi, según mencionó, ha sido endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, organización compuesta por abogados, profesores de derecho y jueces de quiebras que asesora al Congreso sobre cambios a la Ley de Quiebras federal. Además, en un artículo reciente publicado por el American Bankruptcy Law Journal, titulado ‘Puerto Rico y la Cláusula de Quiebras’, el profesor Stephen Lubben de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall concluyó: ‘La lógica detrás de excluir a Puerto Rico del Capítulo 9, si en algún momento la hubo, ya no hace sentido. En un mundo perfecto, el Congreso le permitiría rápidamente a las corporaciones públicas de Puerto Rico a radicar peticiones de quiebra bajo el Capítulo 9’.

Dijo que a base de sus conversaciones, el proyecto del comisionado residente aparenta contar con el apoyo de la gran mayoría de las partes interesadas en la comunidad inversora. Los inversionistas entienden que con solo la posibilidad de un proceso bajo el Capítulo 9, se incentiva el que una corporación pública con problemas financieros en Puerto Rico y sus acreedores lleguen a un acuerdo para ajustar las deudas de la corporación, en consenso y en beneficio para todas las partes. Los inversionistas reconocen que el Capítulo 9 provee una estructura legal predecible y estable, en momentos en que la situación económica y fiscal de Puerto Rico ha generado gran incertidumbre y ansiedad.

Fitch Ratings, una de las agencias acreditadoras, ha expresado que la aprobación de este proyecto ‘sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y para los tenedores de bonos de sus utilidades e instrumentalidades públicas’. Fitch también puntualizó que el proyecto simplemente ‘colocaría a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los 50 estados, que actualmente pueden utilizar el Capítulo 9 para sus instrumentalidades’

Pierluisi buscará que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara federal, de la cual es miembro, celebre una vista sobre el proyecto a la mayor brevedad posible.