El contralor electoral, Manuel Torres Nieves, publicó el jueves, las auditorías del distrito representativo número 25 (Ponce, Jayuya y Juana Díaz) correspondientes al proceso electoral 2012.

Como resultado de los señalamientos notificados a los candidatos en el proceso de auditoría, se registraron 1,156.57 dólares en ingresos no informados, se informaron 1,156.57 dólares de gastos no reportados, no hubo devoluciones y se impuso una multa de 500 dólares.

El representante por el Partido Popular Democrático, Víctor Vassallo Anadón, reportó ingresos de 21,470 dólares e incurrió en gastos por 30,052 dólares como parte del financiamiento de la campaña electoral 2012. La auditoría realizada por la OCE reveló que cumplió de manera parcial con la Ley 222. A través de la enmienda de varios informes periódicos, Vassallo Anadón, reportó gastos que no fueron informados previamente ascendentes a 1,156.57 dólares.

La auditoría reflejó varias deficiencias en los controles internos. Entre estos, se encontró que al comparar la información provista en los informes contra los depósitos reflejados en los estados bancarios y hojas de depósito, el candidato no depositó 4,600 dólares en la cuenta bancaria del comité de campaña. Asimismo, en 12 ocasiones el candidato realizó pagos en efectivo por una cantidad mayor a 250 dólares, excediendo el límite permitido por Ley y ascendentes a 7,779.36 dólares.

Mientras que, Luis Rivera Cruz, candidato por el Partido Nuevo Progresista, gastó 6,163 dólares y tuvo ingresos de 2,875 dólares, pero no registró comité ni abrió cuenta bancaría para el financiamiento de su campaña. Por tanto, realizó pagos en efectivo a los suplidores de los cuales presentó facturas pagadas con su cuenta personal.

A raíz de lo anterior se le impuso una multa administrativa de 500 dólares a tenor con la Sección 3.1, Infracción Número 21 del Reglamento Número 14 de Imposición de Multas Administrativas ante el Contralor Electoral por no designar y registrar ante la OCE un comité de campaña al gastar en exceso de 500.00 dólares para el financiamiento de su campaña política.

Por último, Ernesto Dávila Marín, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, informó que no recibió ingresos ni incurrió en gastos. Por ende, corroborada dicha información en la auditoria, se determinó que su campaña se realizó acorde con las disposiciones de la ley.

De otra parte, como resultado de los señalamientos notificados a los candidatos por la alcaldía de Santa Isabel, se radicaron ocho informes, se enmendaron dos informes, se registraron 2,500.75 dólares en gastos no informados previamente, se ordenaron dos devoluciones de donativos de corporaciones ascendentes a 800 dólares y se impuso una multa de 1,000 dólares.

Los candidatos tuvieron la oportunidad de acorde con el artículo 11.004 de la Ley 222 de enmendar, contestar y exponer por escrito su explicación en torno a los señalamientos preliminares contenidos en el borrador del informe de auditoría.

El candidato por el PPD, Justo Torres Morales, recibió una multa de 1,000 dólares tras no poder subsanar con la información sometida el haber omitido en varios periodos información sobre ingresos y gastos. Torres Morales contó durante su campaña con ingresos de 12,206.00 dólares e incurrió en gastos por 14,778.00 dólares. El informe de la auditoría publicado hoy, indica que en el financiamiento de su campaña cumplió de manera parcial con la Ley.

Por su parte, Enrique Questell Alvarado, por el PNP y alcalde actual, informó que no registró comité de campaña ni abrió cuenta de banco. Las pruebas y evidencia presentada revelaron que el candidato no realizó el financiamiento de su campaña acorde con las leyes y reglamentos aplicables.

Questell Alvarado utilizó 15,907.40 dólares de sus fondos personales, entre efectivo y giros, para cubrir los gastos de su campaña. Tras los señalamientos, el candidato registró comité de campaña ante la OCE, sometió la información de seis giros para pautas radiales y radicó siete informes de ingresos y gastos que no había presentado. La auditoría indica que Questell efectuó 26 desembolsos en efectivo mayor de 250 dólares (límite permitido por Ley) y ascendentes a 15,127.21 dólares.