El Tribunal Federal de Puerto Rico desestimó con perjuicio una demanda incoada por el destituido director ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, Thomas Farb, en el 2012 en la que alegaba persecución y violaciones a su derecho de libertad de expresión.

Según una decisión emitida por el juez Gustavo Gelpí, ambas partes, conforme a la regla federal de procedimiento civil 41, acordaron no continuar con la demanda. Esa decisión es inapelable y se acordó que no se impondrían gastos legales. El documento sugiere que ambas partes llegaron a un acuerdo para transar la demanda. Cuando una demanda se desestima con perjuicio, no se puede volver a radicar por la misma causa.

Farb presentó una demanda en el 2012 contra el Consejo de Fiduciarios de dicha entidad en la que reclamaba el pago de casi $10 millones y la restitución inmediata a la posición.

Farb, quien fungió como director ejecutivo del Fideicomiso entre enero de 2009 y octubre de 2011, reclamaba daños emocionales y a su reputación por la persecución a la que alega fue sometido por los fiduciarios que representaban al Gobierno y por violaciones a su derecho a la libertad de expresión.

En la demanda, Farb señaló que fue inducido a error durante el proceso de reclutamiento, ya que los funcionarios le hicieron creer que lo contrataban para desarrollar las funciones correspondientes por ley al Fideicomiso que era desarrollar investigaciones e iniciativas científicas. Sin embargo, alegó que la realidad fue que el interés del exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera, y los fiduciarios gubernamentales era empujar una agenda política para poder utilizar los fondos de la entidad cuasipública estimado en unos $70 a $100 millones para otros propósitos.

Farb solicitó una compensación por despido injustificado, y el pago de un dinero adeudado por concepto de cláusula de cancelación temprana de su contrato y otros gastos relacionados.

Al solicitar el pago de daños, la demanda excluyó a los fiduciarios del sector privado, y que fueran los representantes gubernamentales quienes desembolsaran el dinero. De hecho, los síndicos del sector privado habían escrito una carta al exgobernador denunciando irregularidades en la entidad.