Las enmiendas propuestas al Código Penal de 2012 cambian estatutos relacionados a grabaciones de imágenes ilegales y con las comunicaciones personales que podrían afectar la libertad de la prensa, según un análisis de NotiCel.

El Código Penal del 2012 castiga a toda persona que, sin justificación legal o sin un propósito investigativo legítimo, utilice equipo electrónico o digital de vídeo, con o sin audio, para realizar vigilancia secreta en lugares privados, o en cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable de intimidad. El delito conlleva una pena de reclusión tres años.

Las enmiendas contenidas en un proyecto legislativo proponen incluir que si la persona convicta es una persona jurídica o corporación será sancionada con pena de multa de hasta $10,000.

De otra parte, el Código contiene un estatuto que penaliza a toda persona que, ilegalmente y sin autorización de la persona, o las personas, que gocen de una expectativa razonable de intimidad sobre la información, se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos, efectos de otra persona, o intercepte sus telecomunicaciones, a través de cualquier medio.

El proyecto propone enmendar el estatuto para que si la persona convicta es una persona jurídica sea sancionada con multa de hasta $10,000.

En ocasiones, a los medios llegan correos electrónicos de informaciones que las personas desean denunciar algo ilegal o irregular. También se envían vídeos. Por lo tanto, un medio podría ser sancionado por publicar la información considerada confidencial.

NotiCel le preguntó al representante Luis Vega Ramos, quien es la persona que analizará las enmiendas al Código Penal en la Cámara, sobre la posibilidad de que estosestatutos sean utilizados en contra algún medio del País.

‘Nada que infrinja en la prensa libre, se incluirá’, contestó Vega Ramos, quien no descartó la posibilidad.

No obstante, el legislador recordó que existe una ley que protege a los ‘whistleblowers’ o personas que hacen denuncias de actos irregulares contra aquellos que intenten tomar represalias contra ellos.