Tanto la Autoridad de Energía Electrica (AEE) como la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego volvieron a solicitarle al Tribunal un espacio para negociar la manera en que el sindicato puede llevar a cabo sus protestas sin tener que dilucidar la orden judicial solicitada por la corporación pública en medio de las manifestaciones del pasado agosto donde cientos de empleados quedaron atrapados en el Edificio Central hasta altas horas de la noche.

Ambas partes afirmaron que el miércoles tienen una reunión en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en la que esperan negociar aspectos del momento y la manera en que la UTIER hará sus manifestaciones.

El juez Ángel Pagán del Tribunal de San Juan expuso que no permitiría que ocurra lo mismo que pasó en agosto, y le solicitó a las partes un compromiso de que dicho asunto se trataría en la mesa de negociación, y que de haber alguna manifestación los abogados de ambas partes fungirán como mediadores para coordinar la misma.

Pese a que la representante legal de la AEE, licenciada Edna Marie Ríos, se mostró dispuesta de servir como mediadora, también aprovechó para solicitarle a Pagán que extendiera el entredicho provisional, de manera que la UTIER no pueda bloquear las salidas peatonales y vehiculares del Edificio Central durante sus manifestaciones.

Al concluir la vista, Pagán declaró ‘con lugar’ la solicitud de extender la orden de entredicho provisional luego de escuchar el testimonio del emplazador, Edwin Pérez Conde, quien narró que el 15 de agosto se personó al edificio de la UTIER ubicado en la calle Cerra #612 en Santurce, para entregarle un emplazamiento al presidente del sindicato, Ángel Figueroa Jaramillo.

Sin embargo, Pérez Conde, expuso que cuando procuró por Figueroa Jaramillo, una recepcionista identificada como Carmen Pérez, le indicó que sus supervisores no se iban a dejar emplazar.

Como supuestamente la funcionaria rehusó recibir el emplazamiento y tampoco le permitió acceso a la oficina de Figueroa Jaramillo, Pérez Conde prosiguió a dejar el documento en una silla del área de recepción, donde hizo constar lo sucedido.

En el contrainterrogatorio del representante legal de la UTIER, licenciado Alejandro Torres, Pérez Conde reconoció que no corroboró si Figueroa Jaramillo se encontraba en el lugar y tampoco verificó quien era la persona autorizada (José Ocasio) para recibir emplazamientos. Sin embargo, todos los intentos de Torres de exponer que el emplazamiento fue contrario a las Reglas de Procedimiento Civil y a la Ley General de Corporaciones, fueron infructuosos.

Pagán concluyó que el emplazamiento se hizo conforme a derecho. Asimismo, rechazó la falta de jurisdicción para atender la controversia obrero-patronal, un asunto que había sido levantado por Torres, quien se resguardaba en lo dispuesto en la Ley 50 del 1947.

Ante esto, el magistrado citó a la partes para el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 9:30 a. m. Si la AEE y la UTIER no logran un acuerdo se atenderá el interdicto preliminar y permanente. Además, se dilucidaría un alegado desacato.

De otro lado, trascendió en la vista que todavía están en etapa investigativa las tres querellas radicadas en la Policía a raíz del incidente.

Según Ríos, la AEE está cumpliendo con la orden de ‘subpoena’ emitida por el fiscal Mario Rivera Geiger, para obtener copia de los vídeos de las distintas áreas, en aras de poder establecer cómo fueron obstaculizadas todas las salidas, incluyendo las de emergencia, y para poder identificar a los presuntos agresores.

Hasta el momento, no se había podido lograr una respuesta del Departamento de Justicia de si ya se habían radicado cargos criminales relacionados a estas querellas.