Las dudas y cuestionamientos tras la aprobación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional y sus efectos en los empleados de las corporaciones públicas y del gobierno fue el tema principal de un foro que celebró este sábado la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG).

La actividad, que se llevó a cabo en la sede del Departamento del Trabajo en Hato Rey, contó con la participación de varios líderes de la AEG en las dependencias gubernamentales y otros presidentes de organizaciones que velan por los derechos de los empleados y gerenciales.

‘Los empleados gerenciales de todas las agencias en Puerto Rico deben conocer el impacto que va a tener la Ley 66 en sus beneficios marginales, en su contrato de trabajo a partir del primero de julio. Es un hecho que nosotros, todos, vamos a ser afectados, seamos unionados o no’, manifestó Samuel Velázquez Rosario, líder de la asociación en la Autoridad de Edificios Públicos.

El portavoz del grupo sostuvo que, aunque el estatuto garantiza un espacio para la discusión y el diálogo, deja rezagado al sector gerencial para las negociaciones.

El controvertible proyecto que permitiría a las corporaciones públicas reestructurar su deuda, también conocido como la ‘Quiebra Criolla’, fue estudiado en el evento. Esa medida, presentada por La Fortaleza el miércoles pasado y aprobada el mismo día en la Legislatura, aún no ha sido firmada por el gobernador Alejandro García Padilla.

Jorge de Jesús, asesor legal de la AEG, explicó que esa pieza legislativa puede tener efectos negativos en los gerenciales. ‘Ese proyecto tendría impacto negativo, incluso peor que la propia ley, pues puede conllevar despidos, efectos directos en los empleados gerenciales y conllevaría una serie de eventos negativos que pondrían a este sector en alerta’, dijo sobre el particular.

Velázquez Rosario anticipó que, mediante una solicitud formal de todas las asociaciones en las distintas agencias, pedirán al mandatario que dicte una orden ejecutiva donde obligue a los secretarios y jefes que se reúnan con las organizaciones gerenciales, discutir las dudas y recomendar alternativas.

‘Nosotros, los gerenciales, somos los que implantamos la política pública del gobernador. Así que no debemos ser excluídos. Estamos reclamando ese espacio. Nosotros existimos y no somos invisibles’, apuntó.