El Senado aprobará el lunes la medida que autoriza una emisión de bonos de $3,500 millones, pero sin la enmienda introducida por la Cámara en la que el gobierno accede a renunciar a su inmunidad soberana a ser demandando en cualquier tribunal ante la eventualidad de un impago.

El informe de la medida cameral sometido por el Senado elimina la controversial enmienda luego que la mayoría legislativa aprobara su eliminación en caucus y en voto de comisión.

El presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José Pagán, dijo el pasado martes que el gobierno estaba dispuesto a renunciar a la inmunidad soberana con tal de vender la emisión de bonos del Fondo General, cuyo crédito se encuentra degradado a chatarra, una movida criticada por expertos pero que ya el Gobierno usó en una emisión privada el año pasado de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

El senador popular Antonio Fas Alzamora, quien fue la persona que propuso que se eliminara la enmienda, dijo que los funcionarios de gobierno se habían abrogado poderes de la Asamblea Legislativa.

‘La inmunidad soberana es una protección a nuestros bienes y la mayoría de los senadores me apoyaron’, afirmó Fas Alzamora.

Un senador, que no quiso ser identificado, fue más lejos al indicar que la enmienda no estaba en el proyecto original enviado por La Fortaleza y acusó a la Cámara de tratar de hacer ‘un embeleco’ con la medida. Dijo que no veía la necesidad de renunciar a la soberanía debido a que el gobierno venderá los bonos a un rendimiento de casi 10%, y ya hay rumores sin confirmar de que los bonistas no pagarán más de 60 centavos por bono.

Mientras, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Nadal, expresó en una entrevista más temprano en la semana que ya existe precedente sobre la renuncia a la inmunidad, como fue en los casos de impericia médica y la Ley de Demandas contra el Estado.

Por su parte, el senador popular, Cirilo Tirado, dijo que la inclusión de la enmienda renunciando a la inmunidad soberana es injusta con otros bonistas que le han prestado dinero a Puerto Rico en el pasado.

‘No abona en nada el hecho de que nos demande aquí o allá. No es un trato justo a los demás bonistas’, dijo.

La Constitución ya establece una prelación de pagos en donde a los bonistas se les pagaría primero en caso de que el gobierno se quede sin dinero.

De aprobarse la medida el lunes, la misma tendría que ir a comité de conferencia para que ambos cuerpos diriman sus diferencias.

NotiCel no pudo obtener una respuesta inmediata del BGF a las más recientes actuaciones del Senado.

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